Imponen garantía económica e impedimento de salida a dos implicados en estafa de RD$19 millones
Ensegundos.do 
Santo Domingo. Un tribunal del Distrito Nacional ha declarado como caso complejo el proceso contra dos hombres vinculados a un fraude financiero millonario contra entidades de intermediación financiera, imponiéndoles medidas de coerción que incluyen una garantía económica y restricción de movilidad.
Michael Ernesto Martínez Ramírez y Jan Marcos Sánchez de la Rosa, señalados por el Ministerio Público como parte de una estructura criminal dedicada a la obtención ilícita de fondos y estafa, enfrentan acusaciones por defraudar a una sociedad financiera con una suma que supera los 19 millones de pesos.
La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictaminó que:
- Michael Ernesto Martínez Ramírez debe pagar una garantía económica de RD$2,000,000.
- Jan Marcos Sánchez de la Rosa debe pagar una garantía económica de RD$400,000.
Ambas garantías deberán ser satisfechas mediante contrato de compañía aseguradora. Adicionalmente, se les impuso la presentación periódica ante el Ministerio Público y el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Modus Operandi y Acusación
El Ministerio Público, representado por las fiscales Lewina Tavárez Gil y Margaret Cabrera Morillo, había solicitado la imposición de tres meses de prisión preventiva, argumentando que se trata de una red criminal altamente estructurada.
Según la fundamentación fáctica, los imputados, junto a más de veinte investigados, actuaron desde el 19 de junio de 2025 para vulnerar la red tecnológica de la entidad financiera. Presuntamente, utilizaron una compañía internacional para realizar y recibir transferencias bancarias, las cuales eran duplicadas en la acreditación de fondos. De esta manera, generaron acreditaciones irregulares a sus cuentas y tarjetas de débito asociadas, para luego transferir y dispersar los fondos ilícitos a terceros.
El órgano persecutor sostiene que las acciones constituyen violaciones a múltiples leyes, incluyendo los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal (por asociación de malhechores y estafa), la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
Las autoridades indicaron que las pesquisas sobre la red criminal continúan en curso.
Juan J Calcano 
AFP 
