El doctor Antonio Cruz Jiminián, director de la Clínica Cruz Jiminián, aclaró las razones que llevaron a la suspensión del convenio con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) para la atención de pacientes del régimen subsidiado, y aseguró que la medida no responde a ninguna irregularidad de la institución, sino a un cambio administrativo y financiero del propio seguro estatal.
De acuerdo a Edili Arias en EL DIA, Cruz Jiminián explicó que el acuerdo con SENASA fue firmado en el año 2018, bajo la gestión de Mercedes Rodríguez Silver, con el propósito de garantizar servicios médicos a miles de personas de escasos recursos que residen en sectores marginados del Distrito Nacional y zonas aledañas.
“Esta clínica está enclavada en el corazón de cientos de barrios marginados, barrios que muchos ni siquiera conocen por nombre. Aquí venían personas de lugares como Ayuca, La Chancleta, La Chivera, El Macu… y no podíamos sobrecargarnos. SENASA lo entendió y, de manera humana, decidió hacer un convenio con nosotros”, explicó el médico.
Un contrato que alivió la carga social, pero no los costos
Según detalló Cruz Jiminián, el acuerdo establecía un pago mensual fijo de 3.7 millones de pesos por parte de SENASA a la clínica, con el fin de cubrir la atención a los pacientes afiliados al régimen subsidiado. Sin embargo, el contrato contemplaba un descuento del 15 % sobre ese monto, lo que reducía la capacidad real de respuesta de la institución.
“Era de 3.7 millones, pero había que descontar un 15 %. Eso fue desde el primer contrato, y aunque luego pedimos que se eliminara porque nos apretaba demasiado, nunca se logró”, indicó durante una entrevista en el Programa El Día.
El galeno explicó que, con el paso del tiempo, la cantidad de pacientes aumentó considerablemente y el pago fijo se volvió insuficiente. Pese a ello, la clínica continuó ofreciendo servicios, muchas veces sin recibir el reembolso correspondiente.
“Aquí todo el que venía era insolvente. La mayoría de los pacientes no podía pagar nada. Seguimos atendiéndolos porque entendemos que la salud no se niega, pero eso nos llevó a una situación económica crítica”, afirmó.
Pérdidas millonarias
Cruz Jiminián reconoció que mantener la atención a los afiliados del régimen subsidiado generó grandes pérdidas económicas para la clínica.
“Estamos perdiendo más de cuatro o cinco millones de pesos al año. La clínica tiene un hoyo financiero de cientos de millones de pesos. He tenido que hacer préstamos a varios bancos y vender propiedades para que la clínica no desaparezca”, reveló.
El director también se refirió a las deficiencias en los sistemas de registro y facturación, que dificultaban la rendición de informes financieros precisos a SENASA.
“Existen dos sistemas: el nuestro, que es el SAME, y el de ellos, que es el SIR. El sistema SIR exige que un internamiento sea notificado en menos de 24 horas, lo cual es imposible en muchos casos, sobre todo con pacientes graves. Esa rigidez nos afectaba en los reportes”, explicó.
Además, recordó que los pacientes subsidiados eran atendidos con procedimientos costosos como transfusiones, endoscopías, resonancias, hemodiálisis y biopsias por los que el SENASA solo reconocía 300 pesos por persona, una tarifa que calificó de insostenible.
“Un paciente venía aquí con un sangrado que requería seis pintas de sangre, endoscopia y varios días de internamiento, y SENASA calculaba eso en 300 pesos. Era imposible mantener ese nivel de atención sin pérdidas”, puntualizó.
“Fuimos víctimas, no culpables”
El doctor Cruz Jiminián lamentó que algunos interpretaran la suspensión del contrato como un castigo o una sanción, cuando en realidad según explicó se trató de una decisión administrativa de SENASA que afectó a múltiples prestadores privados.
“Nosotros no tenemos nada que ver con este problema. Al contrario, hemos sido víctimas. SENASA pagaba 3.7 millones, pero al final había descuentos que no entendíamos y nunca se ajustaron a la realidad del servicio que brindábamos”, dijo.
También aclaró que la clínica continúa ofreciendo servicios al régimen contributivo y mantiene su compromiso social con los sectores más vulnerables.
“Seguimos trabajando desde muy temprano cada día. Aquí hay más de 300 pacientes ahora mismo, y casi todos son gratis. No vamos a dejar de atender a la gente humilde, aunque ya no tengamos el convenio del régimen subsidiado”, aseguró.
Pide diálogo
El reconocido médico exhortó a las autoridades de SENASA y del sector salud a revisar el modelo de contratos con las clínicas que sirven a los afiliados del régimen subsidiado, para garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad de la atención.
“El sistema de salud tiene que ser justo. No puede ser que una clínica privada asuma la carga que le corresponde al Estado. Necesitamos revisar las tarifas y los mecanismos de pago, porque la salud no puede esperar”.
“Nuestra clínica nació para servir. Aunque la situación sea difícil, seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: ayudar al que no tiene”.



