Fin del TPS en EE. UU.: más de 600 mil venezolanos quedan sin estatus migratorio legal
Juan J Calcano 
El 7 de noviembre a las 11:59 de la noche concluye el periodo de gracia para los venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021. Con ello, más de 600,000 ciudadanos de ese país quedarán de inmediato en condición migratoria irregular, en lo que especialistas consideran la mayor pérdida colectiva de estatus legal en la historia de Estados Unidos.
La activista Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano-Americano, advierte graves consecuencias humanas derivadas de esta medida. Relata casos de venezolanos que perderán acceso a trasplantes, tratamientos médicos vitales y seguros de salud, quedando en un riesgo extremo. Señaló incluso situaciones en las que padres temen ser arrestados en hospitales mientras sus hijos continúan ingresados.
Ferro también denunció que, ante el fin del TPS, algunas personas se han visto obligadas a abandonar negocios, estudios y oportunidades deportivas. Otros han optado por regresar a Venezuela sin planificación, dejando pertenencias y vehículos en aeropuertos ante el temor de ser detenidos por las autoridades migratorias.
Este viernes, más de 260,000 beneficiarios perderán formalmente el TPS de 2021, mientras que los protegidos bajo la designación de 2023 ya habían quedado sin amparo en octubre del pasado año, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque unos pocos renovaron su permiso de trabajo hasta 2026, esa autorización no les otorga ningún estatus migratorio.
La abogada de inmigración Yesenia Iacona explicó que, sin un trámite alterno en curso, los venezolanos quedarán completamente “sin estatus”, comenzarán a acumular presencia ilegal y enfrentarán castigos si permanecen más de 180 días en esa condición. La especialista recomendó explorar opciones como peticiones familiares —en el caso de padres con hijos ciudadanos mayores de 21 años— o revisar solicitudes de asilo previamente cerradas por haber contado con TPS.
No obstante, los abogados advierten que el tiempo es extremadamente limitado y que solo quienes tengan méritos claros para un proceso migratorio podrán evitar la deportación. En muchos casos, cualquier gestión deberá realizarse desde el extranjero bajo procesos consulares.
Para Ferro, lo que ocurre representa una crisis humanitaria “sin precedentes”. Recordó que la mayoría de estos migrantes huyó de la fuerte crisis económica y política en Venezuela, y muchos sufrieron persecución o violencia antes de emigrar. “Estados Unidos nos considera desechables”, afirmó con preocupación.
A corto plazo, la activista no vislumbra una solución rápida. Aunque la batalla legal continúa, el resultado podría tardar meses, incluso más allá del vencimiento de los permisos de trabajo renovados. Aun así, organizaciones migrantes se preparan para impulsar una nueva reforma general en 2026, convencidas de que solo un esfuerzo conjunto con otras comunidades afectadas logrará una respuesta humanitaria justa.
AFP 
Ensegundos.do 
José Peguero 