El Ministerio Público presentó este viernes acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, hecho que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de 2025.
La instancia fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, y el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
También participaron en la acusación el procurador de corte Héctor García, los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, así como los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.
El Ministerio Público establece que, en su calidad de responsables de la operación del local de diversión ubicado en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
La investigación fue realizada a partir de una instrucción particular emitida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó al Director General de Persecución y a la Fiscal del Distrito Nacional para encabezar el proceso penal con el propósito de determinar las causas del colapso del techo del Jet Set Club.
Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados. Según la acusación, los imputados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar los estudios técnicos necesarios para garantizar la resistencia de la edificación.
Asimismo, el Ministerio Público señala que los acusados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo y priorizaron el ahorro de recursos por encima de la seguridad, a pesar de los riesgos evidentes.
La instancia resume los hallazgos obtenidos del análisis estructural realizado por los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público como parte de la investigación del caso.



