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La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) ha emitido un comunicado expresando su más «seria preocupación» y condenando las graves denuncias contenidas en la comunicación de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en respuesta a su no ratificación como jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La organización, compuesta por el INTEC, Participación Ciudadana, FES, Foro Ciudadano y CIPAF, ha calificado la situación como una amenaza a la independencia judicial y la igualdad de género.
La magistrada Jiménez Ortiz, con una trayectoria judicial de 23 años y evaluaciones públicas sobresalientes, detalló en su misiva al CNM la existencia de «inconsistencias graves» en su proceso de evaluación. ROI subraya que la jueza denunció el uso de «criterios de valoración ajenos al marco normativo, ausencia de motivación suficiente y la utilización de ‘percepciones’ o inferencias subjetivas» como fundamento para la decisión de no ratificación.
Patrón de discriminación y subjetividad
La ROI resaltó que las denuncias de Jiménez Ortiz se alinean con cuestionamientos previos de la red sobre la opacidad del proceso, incluyendo la falta de transparencia en las deliberaciones y la ausencia de identificación de los consejeros responsables de los señalamientos.
La Red considera «especialmente preocupantes» las afirmaciones de la magistrada sobre un «presunto patrón histórico» dentro del CNM que afectaría particularmente a mujeres de reconocida trayectoria judicial. Según la ROI, las denuncias de campañas de descrédito y el uso de criterios discrecionales no solo comprometen la legitimidad del proceso, sino que podrían constituir prácticas discriminatorias contrarias a los estándares nacionales e internacionales de igualdad.
Llamado a organismos de Derechos Humanos y Género
Ante la gravedad de los señalamientos, la Red de Observadores por la Institucionalidad consideró indispensable que organismos especializados en derechos humanos y género se pronuncien y actúen de inmediato.
En este sentido, la ROI hizo un llamado directo al Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y al Ministerio de la Mujer (MMUJER) para que examinen, desde una perspectiva técnica, la posible existencia de discriminación estructural en los procesos de evaluación y permanencia en las altas cortes. La organización advirtió sobre los riesgos que estas prácticas generan para la autonomía de las mujeres en la administración de justicia y para la independencia judicial.
ROI concluyó recordando que la evaluación de jueces es un mecanismo extraordinario para garantizar la eficiencia y no debe ser utilizado como «un instrumento de presión política» ni para desvalorizar el trabajo de los jueces, pues esto constituye «una amenaza directa al sistema democrático». La Red instó a la comunidad jurídica y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes, afirmando que «la independencia judicial y la igualdad de género en la justicia no son negociables».
AFP 
José Peguero 
