El Gobierno inició ayer el desalojo de decenas de familias en el sector Cuba de Arroyo Hondo Segundo del Distrito NacionalVíctor Ramírez
En la mañana del viernes, el gobierno dominicano inició un desalojo masivo en el sector Cuba, ubicado en Arroyo Hondo Segundo, como parte del proyecto de ampliación y reordenamiento de la avenida República de Colombia. Decenas de familias resultaron afectadas.
Lo sucedido
El operativo comenzó alrededor de las <strong>6:00 a.m.</strong>. Los residentes reportaron que más de <strong>veinte viviendas</strong> fueron demolidas.
Varias personas denunciaron que fueron sacadas mientras dormían y que no recibieron compensación previa. Un vecino afirmó que lo desalojaron sin entregarle “ni un centavo”. También se denunciaron agresiones físicas, incluso contra mujeres embarazadas.
Durante el operativo hubo arrestos. Algunos residentes aseguran que fueron detenidos sin oponer resistencia.
Sobre las indemnizaciones, los afectados indican que las autoridades ofrecieron montos entre <strong>RD$300,000 y RD$1,100,000</strong>, aunque aseguran que no todos recibieron pagos.
Al finalizar la jornada, numerosas familias permanecían entre los escombros, mientras la maquinaria oficial ya se había retirado del lugar.
El proyecto vial en desarrollo
La ampliación contempla la construcción de un <strong>túnel de 580 metros</strong> que conectará la avenida Los Próceres con la Jacobo Majluta.
Además, se eliminarán <strong>25 cruces viales</strong>, sustituidos por seis retornos para mejorar la circulación vehicular.
El proyecto tiene un costo estimado superior a <strong>100 millones de dólares</strong>, parte de ellos provenientes de una renegociación con Aerodom.
También se prevé una intervención mínima del <strong>0.1%</strong> del Jardín Botánico Nacional. Como parte del plan, se recuperarán más de <strong>24,000 m²</strong> de áreas verdes para crear un parque con ciclovía, gimnasio al aire libre, zonas de descanso y puntos de reciclaje.
Reacciones de los residentes
Los habitantes del sector calificaron el desalojo como <strong>violento, arbitrario y sin aviso formal</strong>. Algunos aseguran contar con títulos de propiedad que no fueron respetados.
Inquilinos y comerciantes denunciaron que no recibirán compensación, ya que los pagos solo se contemplan para dueños de terrenos, dejándolos completamente desprotegidos.
Otros residentes cuestionaron la transparencia del proceso de tasación, pues solo participaron peritos del Estado, sin evaluadores externos.
También criticaron la falta de un programa de reubicación digno, señalando que las compensaciones no garantizan una alternativa segura para las familias desalojadas.


