ELÍAS PIÑA.– Las mujeres que integran la Brigada de Reforestación Fronteriza en la comunidad de Guayajayuco, provincia Elías Piña, denunciaron que laboran bajo condiciones que califican de indignas: salarios de apenas RD$14,700 a RD$19,000, sin seguro médico, sin beneficios de ley y con retrasos de entre tres y cinco meses para recibir sus pagos por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Estas trabajadoras recorren largas distancias a pie, sin transporte asignado y cargando las plantas que deben sembrar para rehabilitar la cobertura forestal a lo largo de la línea perimetral. Su labor es esencial para la conservación de la zona fronteriza, pero se desarrolla en un contexto marcado por la pobreza extrema y el abandono institucional.
Guayajayuco, considerado uno de los poblados más remotos y vulnerables de la frontera dominicana, carece de oportunidades laborales y servicios básicos. Para muchas de estas mujeres campesinas, la brigada representa la única fuente de ingresos, en una comunidad donde el Estado, aseguran, ha tenido una presencia mínima.
La capataz del grupo explicó que, aunque el salario base de un obrero debe rondar los RD$15,000, reciben descuentos que consideran injustificados y que reducen el pago final a RD$14,700.
“Nos descuentan sin explicaciones, pero no tenemos seguro médico, no tenemos beneficios, no tenemos nada. Ese es el dinero que nos entregan cada mes… cuando llega”, denunció.
Detalla Rosa Galán que la incertidumbre por la demora en los pagos agrava la situación. “Solo queremos que el Gobierno nos nombre, porque vivimos en una total inseguridad laboral. Duran hasta cinco meses para pagarnos, y así no se puede vivir”, expresó una de las obreras, afectada por años de precariedad acumulada.
Estas brigadas se encargan de sembrar especies como pino caribaea, pino criollo, cedro, caoba, ciprés y corazón de paloma, además de limpiar, dar mantenimiento y dar seguimiento a las áreas reforestadas. Su trabajo, indispensable para la protección de cuencas y la conservación del territorio, se ejecuta bajo un esquema que —señalan— “roza lo inhumano”.
Pese al peso que sostienen en el programa de reforestación fronteriza, afirman que las autoridades de Medio Ambiente no han mostrado intención de mejorar sus condiciones ni de garantizar derechos laborales elementales. Mientras tanto, trabajan entre sueldos bajos, inseguridad constante y el temor de perder el único ingreso familiar disponible.
El abandono estatal es aún más evidente al observar las condiciones de accesibilidad de la comunidad. Sin un puente que la conecte con Río Limpio, depende exclusivamente de la carretera internacional dominico-haitiana, un trayecto descrito como “una travesía de terror”, marcado por secuestros, robos y enfrentamientos.
Allí, los estudiantes caminan con sus cuadernos, pero con el miedo de no saber si regresarán a casa.
Para los residentes de Guayajayuco, esta realidad no es un descuido, sino una desigualdad estructural que se ha perpetuado por décadas. Mientras los discursos oficiales hablan de seguridad y soberanía, la frontera más profunda se sostiene prácticamente sola, sin protección, sin infraestructura y sin oportunidades.
El contraste es contundente:
Un país que abandona sus comunidades fronterizas erosiona su propia soberanía. Un Estado que permite el maltrato laboral de mujeres en zonas de extrema vulnerabilidad renuncia a su deber más básico.



