La organización no gubernamental Participación Ciudadana (PC) ha lanzado una severa advertencia sobre el grave perjuicio que podría sufrir la lucha contra la impunidad y la confianza en el sistema judicial dominicano, ante los intentos evidentes de que se extingan los grandes casos de corrupción que actualmente cursan en los tribunales.
PC señala que la lentitud de los tribunales está siendo aprovechada por los imputados en el emblemático caso de corrupción conocido como «Medusa», que involucra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a otras 40 personas y 22 sociedades por un presunto fraude al Estado que supera los 6 mil millones de pesos.
?Aplazamientos Crónicos: Una táctica de dilación
La organización reitera su denuncia sobre la estrategia dilatoria que impera en el proceso. El propio Jean Alain Rodríguez ha intentado desmentir el dato de que solo en la fase preliminar hubo 94 aplazamientos, una cifra que Participación Ciudadana reveló en su Segundo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa.
«Este informe fue citado por Diario Libre en dos oportunidades, la última en su edición del 19 de noviembre del año en curso. Ese dato se encuentra en la decisión del juez Amauri Martínez, que lo envió a juicio de fondo», subraya PC.
La situación es más crítica en la fase de juicio de fondo, cuyo intento de inicio ya suma 12 audiencias aplazadas a lo largo de 17 meses. Si bien algunas causas han sido legítimas (como la muerte de un abogado), la mayoría se debe a recusaciones de jueces y recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuya propia dilación en conocer y decidir los mismos contribuye al estancamiento.
Sospecha de connivencia y defensa hipócrita
Participación Ciudadana sugiere que la misma connivencia utilizada para defraudar al Estado ahora parece estar presente para dilatar los casos.
«Hay imputados que alegan no participar en los incidentes que generan la dilación, pero promueven que otros imputados lo hagan», advierte la entidad. En el caso Medusa, la mitad de los imputados han reconocido su culpabilidad y señalado como responsables a aquellos que mantienen su inocencia.
Recientemente, el exprocurador ha alegado que las dilaciones se deben a “plazos vencidos por la acusación, entregas tardías de pruebas, errores en la presentación de evidencias y a la magnitud y desorden del expediente”. PC refuta estas declaraciones, considerándolas un intento de desviar la atención de las evidencias que documentan en sus cuatro informes de observación:
«El claro objetivo [de los imputados y sus abogados] es solicitar la extensión de la acción penal, por sobrepasar el tiempo que establece la ley», concluye la organización.
Un Llamado a la Diligencia Judicial
Participación Ciudadana reconoce que, por primera vez, el país procesa en la justicia a redes amplias, complejas y poderosas, un desafío sin precedentes para el sistema de justicia dominicano. Sin embargo, advierte que si la impunidad prevalece en este tipo de casos, la ciudadanía no entenderá por qué los jueces no pueden controlar las tácticas claramente dilatorias y llegar a una decisión oportuna.
«Las excusas no serán aceptadas, ni atribuir la culpa a plazos o actores de cualquier nivel involucrados en el proceso, pues el robo de la cosa pública les afecta por igual y el país no puede perder la oportunidad de ponerle fin a la impunidad», sentencia la organización.
Finalmente, Participación Ciudadana reitera su solicitud al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a todos los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción:
- No permitir que la impunidad se imponga de nuevo.
- Hacer su trabajo con diligencia, imparcialidad y apego a las leyes.
- Que no haya privilegios para los acusados de corrupción.



