El abogado y periodista Cristian Miguel Moreta Romero depositó este miércoles una denuncia formal ante la Junta Central Electoral (JCE) solicitando una investigación profunda sobre presuntas irregularidades en el registro civil. La denuncia se centra en la ciudadana haitiana Millien Midrene Manessa, quien fue arrestada en noviembre de 2022 con un cargamento de municiones de alto calibre en la frontera de El Carrizal, provincia Elías Piña.
Detalles de la detención y el delito transnacional
En declaraciones exclusivas ofrecidas al periodista José Peguero, Moreta Romero detalló que la extranjera fue detenida por el Cesfront a bordo de una jeepeta cargada con 22,000 cápsulas para fusiles AK-47 y M-16. Según informes oficiales, estas municiones estaban destinadas a una banda armada en Haití.
«Se trata de un delito transnacional que preocupa incluso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque esa ruta de armas sale por Elías Piña. Esa desgracia que vive Haití también ha sido alimentada desde aquí», afirmó el jurista. Moreta también señaló que Manessa es secretaria y pareja de Ivanovski Joaquín, el gobernador del Plateau Central en Haití, con quien tiene una hija pequeña.
Presunto esquema para obtener documentos dominicanos
El abogado, quien ejerció como oficial del Estado Civil por más de 20 años, denunció un supuesto esquema que permitió a la señora Manessa obtener actas de nacimiento dominicanas para cinco menores de nacionalidad haitiana. El objetivo, según Moreta, era crear un arraigo familiar falso para obtener beneficios judiciales en su proceso penal.
El procedimiento habría involucrado:
- Una oficina privada de abogados en Comendador.
- Personal del hospital de Hondo Valle, donde se habrían emitido certificaciones de nacido vivo que, según el denunciante, no son verídicas.
- La Oficialía del Estado Civil de ese municipio, donde se registraron los nacimientos.
Moreta Romero aseguró que los documentos se tramitaron para menores nacidos en Haití, algunos incluso con edades superiores a los 15 años, pero registrados con edades reducidas (menos de 12 años) en República Dominicana para eludir los controles biométricos del sistema de la JCE. «Ni siquiera llevaron a los niños; redujeron las edades biológicas en los papeles para que no aparecieran datos biométricos», explicó.
El abogado agregó que la red habría cobrado RD$100,000 por cada acta.
Condena y variación de medida de coerción
Millien Midrene Manessa fue inicialmente condenada a 10 años de prisión por tráfico de armas y municiones, sentencia ratificada en apelación. Sin embargo, tras presentar los documentos dominicanos falsificados, la imputada logró que se le variara la medida de coerción a arresto domiciliario, alegando el mencionado arraigo familiar.
«El Ministerio Público aceptó esos documentos sin verificar su legitimidad. Yo tengo los expedientes de primera instancia y apelación, y ahora he llevado el caso a la JCE porque esto no puede quedarse como una simple cancelación de actas», enfatizó Moreta.
Crítica a la falta de supervisión y la mafia en el Registro Civil
Moreta Romero criticó duramente la falta de controles en la JCE, especialmente en las zonas fronterizas, y aseguró que el caso de Manessa no es aislado, sino parte de una red de corrupción que opera desde hace años.
- Poder sin Supervisión: «El registro civil está en manos de funcionarios con un poder enorme, que decide quién es dominicano y quién no. Si no hay supervisión, se abren las puertas a este tipo de maniobras. Lo que ocurre en Hondo Valle, Bánica, Pedro Santana y otras zonas fronterizas es preocupante», declaró.
- Volumen del Delito: El ex-oficial del Estado Civil afirmó que la cantidad de problemas de suplantación ha hecho que la JCE haya «perdido la capacidad operativa» para controlar la situación.
- Injerencia Extranjera y Financiamiento: Mencionó la presión y el financiamiento de organismos internacionales como UNICEF y programas especiales que, a su juicio, influyen en los procesos de declaración de nacimientos, a veces obviando la normativa dominicana.
El denunciante solicitó a la JCE que investigue de manera urgente los archivos y los responsables de esta «mafia» que opera en detrimento de la nacionalidad dominicana.



