Amaury Mo 
El Ministerio Público ordenó la clausura de Hacienda Los Caballos, lugar donde murió ahogada la estudiante de 11 años Stephora Anne-Mircie Joseph, tras determinar que el establecimiento operaba sin los requisitos mínimos de seguridad exigidos por la ley. La decisión se tomó luego de una supervisión que confirmó la ausencia de salvavidas profesionales, equipos de rescate, botiquines, camillas y otros mecanismos obligatorios para el uso seguro de piscinas, además de que las áreas acuáticas contaban con profundidades apropiadas solo para adultos.
El director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, explicó que el lugar violaba los estándares de seguridad establecidos por la Ley 257 y reiteró que continuarán las inspecciones para cerrar cualquier piscina que no cumpla con las normas. Arias llamó a la ciudadanía a verificar los protocolos de seguridad en cualquier espacio recreativo que visiten.
Mientras las autoridades avanzan en la investigación, la familia de la menor alzó la voz denunciando una serie de irregularidades que, aseguran, agravaron la tragedia. Los padres de Stephora Anne-Mircie Joseph exigieron explicaciones formales y completas al Colegio Da Vinci, institución organizadora de la excursión, así como la entrega inmediata de las pertenencias de la niña y el esclarecimiento total de lo ocurrido. También pidieron la identificación y sanción de los responsables, alegando una “negligencia agravada e inexcusable”.
La familia sostuvo que la excursión nunca debió realizarse, pues —según recordaron— las actividades extracurriculares como pasadías, excursiones y salidas recreativas están prohibidas desde hace más de una década por la Orden Departamental 09-2009, Capítulo VI, Artículo 35, párrafos I y II, del Ministerio de Educación. Para ellos, este punto aumenta la responsabilidad institucional del centro educativo.
En paralelo, el director provincial de Educación, Pedro Pablo Marte, informó que se mantiene activa una investigación para determinar si el colegio agotó los pasos requeridos para autorizar actividades fuera del plantel. Señaló que el protocolo incluye un propósito pedagógico claro, autorización expresa de los padres y comunicación formal al distrito y la regional, elementos que deberán ser verificados antes de emitir conclusiones. Marte dijo que cualquier sanción dependerá de los resultados de las pesquisas.
La muerte de la estudiante, ocurrida el 14 de noviembre durante una actividad recreativa en la hacienda ubicada en Gurabo, continúa bajo investigación del Ministerio Público, que busca establecer responsabilidades penales y administrativas tanto por las fallas en el centro recreativo como por la organización de la salida escolar.
AFP 
José Peguero 
Ensegundos.do 
