Ensegundos.do 
Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, ha emitido un comunicado de respaldo a la reciente Sentencia TC-01225-25 del Tribunal Constitucional (TC). Dicha sentencia declaró inconstitucionales las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos uniformados.
Los artículos anulados (el 210 de la Ley núm. 285 de la Policía Nacional y el 260 de la Ley 3483 de las Fuerzas Armadas) imponían penas de hasta dos años de prisión exclusivamente a oficiales y alistados por el solo hecho de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sin importar dónde ocurrieran.
PC destacó que estas disposiciones, catalogadas como «heredadas del trujillismo», vulneraban de forma concreta los derechos fundamentales de las personas homosexuales que sirven al país en estas instituciones.
La organización subrayó que la decisión del Tribunal reafirma un principio constitucional clave: ninguna autoridad puede restringir derechos en función de la orientación sexual.
«El Tribunal reafirma un principio constitucional fundamental: ninguna autoridad del Estado ni ningún particular puede restringir derechos en función de la orientación sexual, al tratarse de un aspecto protegido por la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad«, señaló Participación Ciudadana.
La entidad enfatizó que esta sentencia «restablece la supremacía constitucional frente a normas anacrónicas y discriminatorias» que legitimaron la desigualdad estructural durante décadas en las carreras policial y militar.
Participación Ciudadana felicitó al TC por cumplir con su rol de «garante último de la Constitución». Valoró positivamente la claridad con la que el Tribunal identificó que las disposiciones anuladas no guardaban relación con la disciplina institucional o los objetivos legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización e intromisión indebida en la vida privada.
La sentencia, según la organización, fortalece la institucionalidad democrática al ordenar que todas las normas internas de los cuerpos castrenses, instituciones públicas y actores privados se adecuen al mandato constitucional de igualdad y no discriminación.
PC recordó que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias. Por ello, exhortó a las instituciones del sector seguridad y defensa a:
- Adoptar medidas inmediatas para adecuar sus reglamentos internos.
- Ajustar sus procedimientos y políticas de recursos humanos al estándar constitucional de no discriminación.
«Se trata de un precedente histórico que fortalece nuestra democracia, promueve la igualdad real y reafirma que ningún sector del Estado está por encima de la Constitución”, concluyó la organización.
Llamado al rigor informativo
Finalmente, Participación Ciudadana hizo un llamado firme a la ciudadanía y a los medios de comunicación a elevar el rigor informativo y evitar el sensacionalismo o la desinformación que puede surgir de titulares amarillistas. La entidad subrayó la necesidad de que la población «lea, contraste y verifique el contenido real» de decisiones tan relevantes, destacando que la lectura responsable más allá del titular es un «acto de ciudadanía activa».
AFP 
José Peguero 
Amaury Mo 