Guido Gómez Mazara respalda acuerdo con EE. UU. contra narcotráfico y pide «limpieza» en el PRM

Santo Domingo. Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), defendió enérgicamente el reciente acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos para el uso de la Base Aérea de San Isidro y el AILA en el combate al narcotráfico. Además, hizo un llamado directo a su partido a «limpiar» sus filas de personas vinculadas a actividades ilícitas.

En una entrevista para el canal de José Peguero, Gómez Mazara abordó la polémica suscitada por la visita del Ministro de Guerra de EE. UU. y la firma del acuerdo, las implicaciones del narcotráfico en la política dominicana y la situación interna del PRM.

El acuerdo con EE. UU. y el combate a las drogas

Gómez Mazara desestimó las críticas de sectores políticos que califican el acuerdo como inconstitucional o como una fachada para acciones contra Venezuela, instándolos a «releer» los protocolos existentes.

• Base Legal: Recordó que el acuerdo tiene precedentes desde 1995 (bajo la presidencia de Joaquín Balaguer) y fue actualizado en 2003 con un protocolo que él mismo ayudó a redactar como consultor jurídico de la Presidencia.
• Alcance: Enfatizó que las aeronaves estadounidenses solo tendrán capacidad de abastecimiento y desplazamiento de personal técnico.
• Restricciones: El acuerdo establece que en «ninguna circunstancia» las operaciones serán de carácter bélico, y la intención del Gobierno dominicano es impedir que el país siga siendo un puente del narcotráfico hacia EE. UU.
• Reconocimiento Internacional: Destacó que la presencia del Ministro de Guerra de EE. UU. y los reportes del Departamento de Estado y Francia son un reconocimiento a la política de incautaciones del actual gobierno, asegurando que el país ha incautado «10 veces más cada año» desde 2020.

Gómez Mazara afirmó que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo «trasciende la lógica de las fronteras» y no implica ceder la soberanía nacional.

La penetración del narcotráfico en la política

El presidente de Indotel admitió sin reservas que el narcotráfico ha permeado todos los sectores de la vida nacional, incluyendo medios de comunicación, finanzas, construcción y, de manera «innegable», la clase política.

• Causas: Atribuyó el problema a la inobservancia (complicidad), el descenso en la formación política y el clientelismo, donde el dinero fácil financió candidaturas a diputaciones, alcaldías y senadurías.
• Solución Urgente: Hizo un llamado a los partidos a «limpiar el sistema político». Sobre su partido, el PRM, fue categórico: «El que tenga problemas en mi partido […] que se lo lleven, que se generen todas las consecuencias habidas y por haber».
• Límites Legales: Señaló que la dificultad para los partidos radica en que las personas con dinero de dudosa procedencia suelen presentar certificados de buena conducta y, al ser impugnados internamente, el Tribunal Superior Electoral les da la razón, obligando a los partidos a incluirlos.
• Propuesta Legislativa: Instó a la mayoría congresional del PRM a depositar y aprobar un proyecto de ley para generar restricciones y sanciones a todo aquel «vinculado a narcotráfico o cualquier actividad de carácter ilegal» que intente formar parte de una boleta electoral.

Postura interna en el PRM: Paliza y Soraya Suárez

Gómez Mazara se refirió a las recientes controversias dentro del PRM sobre la depuración de sus miembros:

• Apoyo a Paliza: Por un acto de lealtad institucional, dijo estar convencido de que José Ignacio Paliza (Presidente del PRM) no tiene vínculos con el narcotráfico, aunque debe asumir la responsabilidad de defender el partido ante las críticas.
• Crítica a Soraya Suárez: Respecto al planteamiento de la diputada Soraya Suárez, quien criticó la postura del partido sobre el tema, Gómez Mazara indicó que aunque sus preocupaciones son «legítimas», hubiese preferido que las hiciera dentro de los canales institucionales del partido para evitar darle ventaja a los adversarios.

Finalmente, concluyó que la penetración del dinero ilícito en la política, que elevó el costo de una diputación a $50$ o $100$ millones, es un fenómeno funesto que obligará a la clase política a tener «mayor cuidado» y a mejorar la calidad del producto político a nivel nacional.