Ensegundos.do La opinión pública dominicana ha quedado consternada tras la revelación del expediente judicial de la «Operación Cobra», que detalla un vasto esquema de fraude y corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA) durante la administración de Santiago Hazim. Las cifras impactantes del caso ponen en evidencia un desfalco sin precedentes en la institución.
Según la certificación financiera oficial, el desvío de fondos públicos y la manipulación de reservas técnicas en SENASA entre los años 2020 y 2025 generaron un déficit acumulado que supera los RD$15,921 millones. La magnitud del fraude queda patente con las pérdidas anuales récord, como la registrada solo en 2024, cuando la institución cerró con una pérdida neta de RD$2,077 millones, a pesar de haber gestionado ingresos superiores a los RD$69,700 millones ese mismo año.
El expediente documenta un sofisticado sistema de sobornos que asciende a más de RD$2,800 millones. Los principales contratistas de SENASA estaban obligados a entregar entre el 25% y el 35% de los pagos recibidos como coimas. Se señala que la empresa Nutri-Med CAS canalizó más de RD$529 millones en sobornos a través de empresas fachada, mientras que el poderoso Grupo Read (integrado por Khersun, Deleste y Farmacard) habría entregado una cifra aproximada de RD$1,621 millones en pagos ilícitos.
Esta red de corrupción operó principalmente a través de contratos irregulares que superan los RD$10,000 millones. Empresas como Khersun, Deleste, Farmacard, Nutrimed y Flavorheart obtuvieron contratos para servicios médicos, nutricionales y farmacéuticos, muchos de los cuales no cumplían con los requisitos legales ni técnicos, y que se caracterizaron por pagos fijos por servicios no prestados o facturación inflada.
Una porción significativa de los fondos desviados se destinó a la adquisición de bienes de lujo para los implicados, incluyendo vehículos de alta gama como un Lincoln Navigator valorado en más de RD$6,7 millones, apartamentos de lujo en la Torre Mar Azul por un valor de RD$53,7 millones, y costosos relojes exclusivos, como un Rolex Daytona de USD$83,000.
La estructura del fraude se sostuvo con una extensa red de empresas de carpeta y testaferros, incluso sociedades offshore no declaradas en Panamá, utilizadas para canalizar y ocultar el dinero ilícito. Además, se evidenciaron pagos a empresas sin el debido control ni auditoría, como Lufarca SRL, vinculada a la red, que recibió más de RD$38 millones en contratos para insumos médicos sin trazabilidad de los productos.
Un método clave para justificar pagos y sobornos fue la creación de «programas especiales», que sirvieron como canal para operaciones simuladas y facturación ficticia. Solo en programas nutricionales, el gasto alcanzó los RD$2,855 millones.
El colapso financiero provocado por la falta de controles y el desfalco culminó con la intervención de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la anulación de contratos ilegales y la apertura de los procesos judiciales que hoy sacuden el panorama nacional.
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José Peguero 
AFP 
