José Peguero 
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha revelado los detalles de la «Operación Cobra», catalogada como la mayor investigación de corrupción administrativa y lavado de activos en la historia reciente del sector salud dominicano. El expediente detalla cómo una red criminal, supuestamente liderada por el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, desvió más de RD$15,921 millones del patrimonio público entre 2020 y 2025.
La Estructura Premeditada: Corrupción Antes de Asumir
La investigación destaca que la estructura de fraude no fue improvisada, sino que fue diseñada y activada antes de que Santiago Hazim asumiera el cargo en agosto de 2020.
- Compromisos Previos: Se revela que antes de su nombramiento, Hazim ya había tejido relaciones y compromisos económicos con empresarios y colaboradores. Recibió beneficios anticipados (incluyendo vehículos de lujo y promesas de contratos) y estableció acuerdos para favorecer a su círculo a cambio de futuros sobornos.
- Diseño Institucional del Fraude: Una vez en SENASA, Hazim consolidó su poder creando de forma arbitraria el “Comité de Contrataciones Médicas” . Este comité, sin sustento legal ni procedimental, concentró la aprobación de contratos, siendo integrado únicamente por gerentes y asistentes de su extrema confianza, asegurando que solo los prestadores vinculados a los intereses de la red fueran aprobados.
- Reclutamiento Estratégico: Funcionarios clave de las áreas de Finanzas, Salud, Tecnología y Jurídica fueron reclutados y cooptados para ejecutar órdenes ilícitas, manipular informes y autorizar pagos fraudulentos. La red también se valió de empresas de carpeta y una red de testaferros para canalizar los fondos ilícitos.
El Modus operandi: Un desfalco de cuatro pases
El expediente de la PEPCA describe un sistema sofisticado para desfalcar SENASA, operando bajo cuatro mecanismos principales:
- Contrataciones y Sobornos:
- Se firmaron contratos millonarios con empresas como Nutrimed, Flavorheart, Khersun, Deleste y Farmacard, a menudo sin cumplir los requisitos legales o técnicos.
- Estas empresas recibían pagos fijos por servicios no prestados o inflados.
- A cambio, los empresarios debían retornar entre el 25% y el 35% de los pagos recibidos como sobornos, canalizados a través de intermediarios clave como José Pablo Ortiz Giráldez y Germán Robles.
- Manipulación Financiera:
- La red adulteró sistemáticamente los estados financieros y el «bordereau» (registro de reclamaciones) para ocultar el creciente déficit operativo.
- Esto permitía presentar una falsa solvencia ante los organismos reguladores (SISALRIL) mientras se desviaban fondos críticos de las reservas técnicas de SENASA.
- Facturación Ficticia y Programas Especiales:
- Se crearon “programas especiales” sin justificación técnica ni financiera, sirviendo como canales de justificación para recibir y blanquear sobornos.
- Se emitieron facturas falsas y operaciones simuladas, pagando servicios médicos, nutricionales y de vacunación a empresas que no contaban con la habilitación o infraestructura requerida, e incluso facturando a pacientes inexistentes.
- Lavado de Activos:
- Los fondos ilícitos eran retirados en efectivo, convertidos a dólares y entregados a Hazim y su círculo en lugares discretos.
- El dinero era luego blanqueado mediante la adquisición de bienes de lujo, inmuebles y vehículos a nombre de testaferros y empresas offshore no declaradas.
Consecuencias Devastadoras: SENASA en «Quiebra Técnica»
El esquema criminal, que operó hasta 2025, dejó a SENASA en una situación crítica.
- El desvío total superó los RD$15,921 millones.
- La institución quedó en «quiebra técnica», registrando pérdidas superiores a RD$2,000 millones solo en 2024, comprometiendo la sostenibilidad del sistema de salud subsidiado.
La red fue desmantelada tras la intervención de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), lo que dio paso a la apertura de procesos judiciales y sancionadores en curso.
La «Operación Cobra» sirve como una dolorosa demostración de cómo la corrupción organizada puede desmantelar instituciones vitales para la protección social y la salud pública.
Fuente: Expediente oficial de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), República Dominicana, diciembre 2025.
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Juan J Calcano