Fiscalía de Honduras solicitó la captura internacional de Juan Orlando Hernández tras el indulto de EEUU
Amaury Mo 
Tegucigalpa, Honduras — La excarcelación del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) no ha puesto fin a sus problemas legales en su país de origen. La Fiscalía General de Honduras, encabezada por Johel Zelaya, anunció este lunes la solicitud formal de una orden de captura internacional en su contra, menos de una semana después de que el exmandatario fuera liberado de una prisión estadounidense gracias a un indulto presidencial.
El fiscal Zelaya confirmó la medida a través de redes sociales, indicando que ha instruido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para que proceda con los trámites internos y la coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El objetivo es asegurar la detención de Hernández para que enfrente los cargos pendientes en territorio nacional.
Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, es requerido por la justicia hondureña por acusaciones de lavado de activos y fraude vinculados al notorio caso de corrupción conocido como Pandora II. Las autoridades nacionales han insistido en que el perdón otorgado por el presidente estadounidense, Donald Trump, solo aplica a los delitos federales por los que fue condenado en Estados Unidos, y no anula los procesos penales por corrupción que siguen activos en Centroamérica.
El expresidente hondureño fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2024. Solo dos meses después, en junio de ese año, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York lo encontró culpable de narcotráfico y tráfico de armas, sentenciándolo a 45 años de prisión, más una multa de ocho millones de dólares y cinco años de libertad vigilada.
Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025, Hernández salió de prisión tras recibir un indulto del presidente Trump. En su primera comunicación pública tras ser liberado, Hernández agradeció al mandatario estadounidense, afirmando que valoraba su reconocimiento de la «injusticia» en su caso.
La decisión de la Fiscalía hondureña subraya la complejidad legal y política que rodea al caso, marcando un claro pulso entre la soberanía judicial hondureña y una acción ejecutiva de Estados Unidos. Las autoridades de Tegucigalpa buscan consolidar sus esfuerzos contra la corrupción de alto nivel, utilizando la cooperación internacional para cerrar el círculo judicial que quedó inconcluso tras la extradición del exmandatario.
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