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El expediente “Operación Cobra” ha sacado a la luz la participación activa de varias mujeres en la red de corrupción y lavado de activos que operó en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) durante la gestión de Santiago Hazim. Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), estas mujeres no solo ocuparon cargos administrativos y empresariales, sino que también fueron piezas fundamentales en la ejecución y encubrimiento del fraude.
Entre las principales implicadas figura Cinty Acosta Sención, quien, como gerente de Nutri-Med CAS, gestionó contratos millonarios y canalizó sobornos a los altos directivos de SENASA. Acosta Sención fue responsable de entregar hasta el 30% de los pagos recibidos a través de empresas fachada, simulando servicios y justificando transferencias ilícitas.
Otra de las protagonistas es Heidi Mariela Pineda Perdomo, representante de Flavorheart Food Parts SRL, empresa que recibió pagos millonarios por programas nutricionales y farmacéuticos sin cumplir los requisitos legales. Pineda Perdomo está acusada de participar en la red de facturación ficticia y distribución de sobornos.
El expediente también señala a Ada Ledesma Ubiera y Noelia José Ledesma, vinculadas a la empresa Lufarca SRL, que recibió más de 38 millones de pesos en contratos para la provisión de insumos médicos. Ambas están bajo investigación por transferencias sospechosas y el uso de testaferros para ocultar el origen de los fondos.
En el área administrativa, Rosanna Henríquez Ogando, encargada de Análisis Financiero, fue cooptada para manipular informes y autorizar cierres fraudulentos de cuentas, mientras que las asistentes Johanna Fernández y Johanna Grullón participaban en la aprobación selectiva de contratos siguiendo instrucciones directas de Hazim.
El caso también involucra a Milagros Almonte Encarnación, cofundadora de Nutri-Med, quien, aunque desplazada de la empresa, continuó beneficiándose económicamente a través de la venta de insumos y la participación en la cadena de suministros.
La investigación revela que la participación de estas mujeres fue clave para el funcionamiento y encubrimiento del esquema de corrupción, que incluyó el pago de sobornos, la compra de vehículos de lujo, apartamentos y relojes de alta gama, y el desvío de fondos públicos destinados a la salud de los dominicanos.
El Ministerio Público continúa profundizando en el rol de cada implicada, mientras la sociedad exige justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
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José Peguero 
AFP 
Juan J Calcano 
