La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha desmantelado lo que califica como la mayor red de corrupción administrativa y lavado de activos en el sector salud de la República Dominicana, denominada “Operación Cobra”. El expediente revela un esquema criminal que operó entre 2020 y 2025 bajo el liderazgo del entonces director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, desviando más de RD$15,921 millones y dejando a la institución en una profunda crisis financiera.
El modus operandi: La red de sobornos y contratos ficticios
La estructura criminal, según el expediente de la PEPCA, se cimentó en un sofisticado sistema de cuatro pilares que garantizaba la sustracción continua de fondos públicos:
1. La venta de contratos y el soborno obligatorio
El núcleo del fraude residía en la firma de contratos millonarios con empresas como Nutrimed, Flavorheart, Khersun, Deleste y Farmacard. La fiscalía señala que muchos de estos contratos se realizaron sin cumplir los requisitos legales ni técnicos, e incluso contemplaban pagos fijos por servicios inflados o no prestados.
La contrapartida era un soborno obligatorio: los empresarios debían entregar entre el 25% y el 35% de los pagos recibidos, canalizado a través de intermediarios clave como José Pablo Ortiz Giráldez y Germán Robles, quienes se encargaban de recolectar el dinero y entregarlo a Hazim y su círculo.
2. Facturación ficticia a través de “Programas Especiales”
Para justificar las salidas de capital, la red creó “programas especiales” sin sustento financiero ni técnico real. Estos programas servían como fachada para justificar sobornos mediante facturas falsas y operaciones simuladas. Se pagaron cuantiosos servicios médicos, nutricionales y de vacunación a empresas que carecían de la habilitación o infraestructura necesaria. El desvío se concretaba al facturar servicios no realizados o dirigidos a pacientes inexistentes.
3. Manipulación contable para ocultar el desfalco
La red cooptó a funcionarios clave en áreas financieras y tecnológicas para manipular sistemáticamente los estados financieros de SENASA y el “bordereau” (registro de reclamaciones). Al adulterar estos registros, lograban ocultar el déficit creciente y presentaban una falsa solvencia ante los organismos reguladores. Esta manipulación permitió desviar los fondos de las reservas técnicas, comprometiendo directamente la sostenibilidad futura de la aseguradora.
4. Lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Los miles de millones desviados eran sometidos a un proceso de lavado de activos. Los fondos ilícitos se retiraban en efectivo, se convertían a dólares y se entregaban al círculo de Hazim en lugares discretos. Posteriormente, el dinero se utilizaba para adquirir bienes de lujo, inmuebles y vehículos de alta gama puestos a nombre de testaferros y empresas offshore no declaradas.
La estructura criminal se tejió antes de asumir
Un aspecto central de la «Operación Cobra» es la premeditación. La PEPCA destaca que la estructura fue creada por Santiago Hazim antes de ser designado director ejecutivo de SENASA en agosto de 2020.
- Compromisos Previos: Antes de su nombramiento, Hazim ya había establecido compromisos económicos y personales con empresarios y colaboradores, recibiendo beneficios (como vehículos de lujo y promesas de contratos) que lo ataban a devolver favores una vez en el cargo.
- Diseño Institucional: Al asumir, Hazim consolidó su poder de forma inmediata y arbitraria al crear el “Comité de Contrataciones Médicas”. Este comité carecía de sustento legal o procedimental, pero le permitió concentrar la aprobación de contratos en un círculo de asistentes y gerentes de extrema confianza y lealtad.
- Reclutamiento Estratégico: Se reclutaron y cooptaron funcionarios clave en las áreas de finanzas, tecnología, salud y jurídica. Estos individuos ejecutaban las órdenes ilícitas, manipulaban informes, y facilitaban los pagos fraudulentos, operando como el engranaje interno del fraude.
Consecuencias: Quiebra técnica y pérdidas millonarias
El esquema de corrupción dejó secuelas devastadoras para la salud pública dominicana.
El desfalco total, superior a los RD$15,921 millones, resultó en que SENASA fuera declarada en «quiebra técnica», registrando pérdidas superiores a RD$2,000 millones solo en 2024. Estos resultados comprometieron la capacidad de la institución para garantizar la protección social y el pago oportuno a prestadores de servicios.
La red fue finalmente desmantelada tras la intervención de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la consecuente apertura de procesos judiciales y sancionadores por parte de la PEPCA.
«La Operación Cobra demuestra cómo la corrupción organizada puede desmantelar instituciones clave para la protección social y la salud pública, exigiendo transparencia y sanciones ejemplares para evitar futuras repeticiones,» señala el expediente de la PEPCA, que sirve de base para la investigación.



