El Ministerio Público (MP) desmintió categóricamente la condición de salud alegada por Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, principal imputado en la Operación Cobra por el desfalco multimillonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Según el MP, el imputado utiliza el argumento de salud como una «maniobra» para evadir la solicitud de 18 meses de prisión preventiva, sin haber acreditado la supuesta enfermedad ante el juez con la certificación pericial requerida.
Durante la audiencia de medida de coerción celebrada el pasado viernes, la defensa de Hazim Albainy, acusado de encabezar una red de corrupción que sustrajo más de 15 mil millones de pesos del SeNaSa, hizo público un informe médico. Sin embargo, el Ministerio Público insistió en que esta condición «no ha sido acreditada por ningún médico forense» ni por un perito judicial, incumpliendo con el procedimiento legal.
Testigos Desmienten la Gravedad de la Condición
El órgano persecutor destacó que la supuesta enfermedad no concuerda con el comportamiento previo del imputado:
«El imputado y su defensa recurren ahora al tema de salud para evadir el proceso, pero todos los testigos establecen que el imputado se desempeñaba con toda normalidad en el SeNaSA y en su vida social privada”, señaló el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El MP recordó que para que un tribunal ponderé un informe médico en materia judicial, un perito designado por el tribunal o por el Ministerio Público debe establecer la condición de salud del procesado, situación que no ha ocurrido.
Gravedad de los Hechos Justifica la Prisión
El Ministerio Público mantiene que la prisión preventiva es la medida más adecuada debido a la gravedad y magnitud de los hechos, que califican el caso como «altamente complejo y grave». La solicitud de prisión se sustenta en que Hazim Albainy fungía como garante del derecho fundamental a la salud de millones de afiliados, un bien jurídico de gran relevancia, y sus acciones criminales, incluyendo sobornos por más de 2 mil millones de pesos solo entre Hazim Albainy y el consultor Jurídico Germán Robles, afectaron directamente a la sociedad.
Entre los criterios de gravedad señalados por el MP destacan:
El grave daño causado a la sociedad y la pluralidad de víctimas.
El uso de su condición de funcionario para delinquir.
Las falsificaciones y adulteraciones de documentos para ocultar la sustracción.
La estructuración de una red de crimen organizado.
Las maniobras desplegadas para la ocultación de bienes y para evitar que otros investigados cooperaran con la justicia.
La audiencia donde el juez Rigoberto Sena dará a conocer su decisión final sobre la medida de coerción fue fijada para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde. Durante el proceso, tres de los imputados ya han admitido los hechos y confesado haber pagado sobornos a Hazim Albainy.
