El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, sostuvieron que la transferencia al Estado de US$258.4 millones que Punta Catalina celebra como un gran logro en este 2025, son en gran parte costos no contabilizados y no pagados productos de los impactos negativos de la generación de electricidad en base a la quema masiva de carbón mineral.
Igualmente, afirmaron que la transferencia de Punta Catalina al Estado entre los años 2023 y 2025 por US$562.9 millones se debe en gran medida a que la empresa no ha pagado durante esos años, los daños que ha causado al medio ambiente, a los sistemas productivos y a la salud de las comunidades aledañas, al resto del país, a Haití, y a la costa oriental de Cuba y Jamaica, hasta donde llega esta contaminación.
Las organizaciones alegaron que sólo los reclamos por indemnizaciones de los pescadores y de los agricultores de Nizao, y de la comunidad de Sabana Uvero de Paya por la inundación del mar de la playa y de tierra dedicada al cultivo y al turismo como consecuencia de la construcción del largo espigón del puerto carbonero de Punta Catalina, ascienden a más de US$13 millones de dólares.
Plantearon que los pescadores de Nizao han perdido en pesca desde que Punta Catalina inició sus operaciones en el 2019 al año 2024, más de US$49 millones, lo que ha significado que hoy en día la pesca haya desparecido de este litoral y que este sector se encuentre sumido en la extrema pobreza.
Recordaron que a principios de este año 2025, los agricultores de Nizao culparon a Punta Catalina de la total pérdida de la cosecha de cebolla y le exigieron indemnización por este daño.
Señalaron que las proyecciones de pérdida de productividad en el llano de Peravia en los próximos años por efecto del cambio del pH del suelo por efecto de las enormes montañas de cenizas tóxicas de carbón rica en cal que a la fecha ascienden a un millón de toneladas, y de los gases ácidos emitidos por Punta Catalina suponen la ruina de casi toda la actividad agropecuaria de la provincia Peravia valorada en miles de millones de dólares.
Dijeron que la inversión necesaria para restaurar la vida marina en el litoral de Nizao y de Paya, y de revertir la inundación del mar a tierra adentro en el lado oeste del puerto de Punta Catalina, costaría miles de millones de dólares que la empresa no contempla en su contabilidad.
Manifestaron que tampoco Punta Catalina contabiliza los gastos de la población para enfrentar las enfermedades que provoca la contaminación de la quema de dos millones de toneladas de carbón al año.
Adujeron que Punta Catalina afecta la calidad del aire que la población respira y contamina el agua y los alimentos por el vertido de agua residual con alto contenido de mercurio y otros metales pesados, y a través de las cenizas tóxicas de carbón también contamina el aire, el suelo y las aguas superficiales y subterráneas de la zona.
Informaron que el Ministerio de Salud Pública posee datos que comprueban que la incidencia de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, renales y de cáncer en la provincia Peravia superan varias veces el promedio nacional.
Consideraron que las muertes que eventualmente produce la contaminación de Punta Catalina, es un factor negativo que supera cualquier cálculo económico. “Una vida humana no tiene precio”, comentaron.
“Si Punta Catalina pagara estos daños e invirtiera en mitigar y resarcir su contaminación letal, no figuraría con ganancias, sino todo lo contrario, como una empresa deficitaria”, aseguraron.
Indicaron que el resultado de las operaciones de Punta Catalina es la degradación de la provincia Peravia en una zona de sacrifico donde se violan los derechos constitucionales de la población a un medioambiente sano, a la salud y a la vida.
“Irremediablemente Punta Catalina lleva a la ruina económica y al deterioro de las condiciones de vida de la provincia Peravia, mientras proclama cínicamente que obtiene grandes ganancias cada año”, observaron.
Expusieron que por esta situación que vive la provincia Peravia, más de 500 afectados interpusieron el 9 de septiembre pasado, una querella con constitución en actor civil y exigieron el pago de manera solidaria por parte de los demandados de US$3 mil millones por los daños y perjuicios ocasionados por la corrupción y la contaminación de Punta Catalina al Estado dominicano, a la colectividad, a los querellantes, a los actores sociales, al medio ambiente y a los recursos naturales.
Explicaron que esta querella se depositó después de más de tres años de lucha para que la gerencia de Punta Catalina y el Gobierno dominicano estableciera una Mesa de Diálogo y Concertación con las comunidades y las personas directamente afectadas por la contaminación de la termoeléctrica.
“A pesar de que la constitución de esta mesa de diálogo y concertación fue un acuerdo entre el Estado dominicano y las Naciones Unidas arribado en septiembre de 2023, ni la gerencia de Punta Catalina ni la Presidencia de la República dieron un solo paso para establecerla”, argumentaron.
