Las provincias Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal registraron la mayor cantidad de feminicidios en la República Dominicana durante el presente año, con 13, 8 y 7 casos respectivamente, según datos ofrecidos este miércoles por la Fundación Vida Sin Violencia. La entidad identificó el mes de julio como el más sangriento, con el mayor número de muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.
La presidenta de la fundación, Yanira Fondeur, informó que, como consecuencia de los 59 feminicidios registrados, al menos 93 niños, niñas y adolescentes quedaron en condición de orfandad, una situación que —advirtió— requiere una respuesta inmediata y coordinada del Estado para garantizar su protección integral.
Fondeur subrayó que estas cifras representan una grave violación de los derechos humanos y no deben limitarse a simples estadísticas. Indicó que las víctimas tenían edades que oscilaban entre 15 y 82 años, y alertó sobre el aumento de la violencia extrema, incluyendo casos de violencia vicaria, en los que también resultan asesinados hijos u otros familiares, como suegras.
De acuerdo con el informe, 44 de los feminicidios ocurrieron dentro de las viviendas de las víctimas, lo que confirma que el hogar continúa siendo el entorno más peligroso para mujeres que intentan salir de relaciones violentas. Del total de víctimas, 32 tenían menos de 35 años, lo que representa el 54.2 %, y cinco eran menores de edad. En cuanto a la nacionalidad, 53 eran dominicanas, seis haitianas y una alemana.
Sobre los métodos utilizados, la fundación detalló que los agresores emplearon armas de fuego y armas blancas en igual proporción (21 casos cada una), además de golpes y quemaduras. Preocupa especialmente que en 11 de los casos los responsables eran miembros activos o retirados de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, quienes utilizaron armas de reglamento.
Ante esta situación, Fondeur insistió en la necesidad de evaluaciones psicológicas periódicas y obligatorias para los cuerpos armados, acompañadas de un mensaje institucional firme de que el uniforme no puede servir como escudo para ejercer violencia.
Aunque las cifras reflejan una reducción de 17 % respecto a los 71 feminicidios registrados en 2024, la fundación advirtió que esta baja no debe interpretarse como una solución, debido a la alta cantidad de intentos de feminicidio no consumados.
Finalmente, la entidad reiteró el llamado a fortalecer las políticas públicas, mejorar los sistemas de registro, priorizar la educación en convivencia pacífica desde la infancia y crear un Protocolo Nacional de Alto Riesgo Feminicida para mujeres en proceso de separación, que permita prevenir tragedias antes de que ocurran.
