El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, denunciaron que la empresa Global Min no tiene ninguna capacidad para explorar y explotar hidrocarburos.
Este viernes pasado, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que autoriza un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos en territorio terrestre y marítimo de la República Dominicana, suscrito en agosto de 2025 entre el Estado dominicano y el Consorcio Global Min.
Las organizaciones señalaron que ninguno de los socios que registraron a Global Min el 21 de marzo de 2023, bajo el registro mercantil número 191790SD, han tenido experiencia en el campo de la investigación de reservas de hidrocarburos.
Estas empresas son Coastal Petroleum Dominicana, S.A., Bas Projects Corporation S.L., Autozama, S.A., ETC & Asociados, S.A.S., Amber Development Corporation, Guess Investments, L.T.D., y Matterhorn Developments, S.A.
“Estas empresas que constituyen a Global Min se dedican a inversiones inmobiliarias, a la importación y exportación de combustibles, a la venta de vehículos, a la instalación de plantas de generación eléctrica, pero ninguna ha incursionado en la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos ni en el país ni en ningún lugar del mundo”, afirmaron.
Sostuvieron que Global Min fue creada con el propósito específico de recibir este contrato por las estrechas relaciones que existe entre Arturo Santana Reyes, presidente de la Coastal Petroleum Dominicana, S.A. y principal accionista de Global Min, con el presidente de la República, Luis Abinader.
Observaron que Santana Reyes es también uno de los principales accionistas de las plantas de gas natural de Manzanillo junto con Carlos José Martí, las familias Vicini y González, Guillermo Estrella, Silvia Vela, Pedro Hais Sanabia y Luis Sanabia.
Manifestaron que la adjudicación del contrato a Global Min por parte del Ministerio de Energía y Minas para explorar los bloques CB1 y CB2 en el Cibao (Montecristi, Dajabón, etc.) fue totalmente ilegal, de grado a grado, en un acto de arbitrariedad y sin ninguna transparencia.
Expresaron que la alianza de Global Min con la empresa estadounidense Lumina Geophysical es una maniobra de último minuto que demuestra la incapacidad e insolvencia de Global Min en materia de exploración y explotación de hidrocarburos.
Alegaron que Lumina Geophsical está muy lejos de ser una empresa con el perfil, el capital y la experticia de marca mundial que requiere este tipo de actividad.
Explicaron que fue un rotundo fracaso la ronda que organizó el Ministerio de Energía y Minas sobre los bloques en que fue dividido el país y su entorno marino, dirigida a empresas petroleras internacionales que pudieran estar interesadas en explorar y explotar hidrocarburos en esas áreas.
Indicaron, sin embargo, que ninguna empresa petrolera internacional se interesó en participar en esta ronda, pero en vez de declarar desierta esta licitación, las autoridades otorgaron un contrato a Global Min, repitiendo las mismas irregularidades que cometió el Gobierno de Danilo Medina con la ronda que efectuó en el 2019, que saldó con el contrato igualmente ilegal adjudicado a la empresa APACHE o APA.
Revelaron que la razón por la que ninguna empresa petrolera internacional participó en esta última ronda, se debió a que la exploración que realizó APA en el bloque de la cuenca de San Pedro Macorís arrojó un resultado negativo.
“A pesar que desde hace un par de años, el Ministerio de Energía y Minas tienen en su poder los resultados de la investigación de APA, no los publicó en su página Web como lo ordena la ley, con la intención de ocultar estos malos resultados para que no desestimularan la participación de las petroleras en la nueva ronda convocada”, dijeron.
Calificaron de pueril y ridículo el comportamiento de las autoridades que ocultan los resultados de la exploración de APA, cuando las empresas petroleras están obligadas por Bolsa a publicar los resultados de sus exploraciones tenga o no éxito en localizar reservas de hidrocarburos.
Recordaron que la última vez que Arturo Santana Reyes obtuvo notoriedad en la opinión pública se debió en ocasión de la explosión de un tanque de gas el 5 de diciembre de 2018, en la empresa Polyplas, en Villa Agrícola, con un saldo de al menos ocho personas muertas.
En ese entonces, se hizo pública la grabación de la conversación telefónica sostenida entre Santana Reyes y el también empresario Manuel Diez Cabral, en que el primero amenazaba al segundo por haber dicho este último que el tanque que estalló era propiedad de Propagás, empresa propiedad de Santana Reyes.
Esta tragedia que conmovió el país no tuvo finalmente ninguna consecuencia penal sobre los posibles responsables de la explosión.
Las organizaciones reprocharon que el Gobierno de Luis Abinader continúe con prácticas de favoritismo que benefician a personas de su entorno más cercano.
“Luis Abinader con acciones como la de otorgar contratos de grado a grado, no podrá convencer a nadie de que su Gobierno es transparente y que persigue la corrupción administrativa”, plantearon.
