El comunicador y analista político Elvin Castillo afirmó en el programa Panorama de la Mañana que la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, presenta serios cuestionamientos de inconstitucionalidad, por lo que llamó a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas medianas y a los ayuntamientos a respaldar el recurso ya depositado ante el Tribunal Constitucional.
Castillo sostuvo que, aunque la normativa se presenta como una ley ambiental, en la práctica funciona como un impuesto encubierto, al imponer cargas obligatorias sin cumplir con los principios constitucionales de legalidad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad.
Indicó que los incrementos establecidos por la ley alcanzan hasta un 500 %, sin una justificación técnica clara ni una relación directa con el volumen real de residuos generados, y cuestionó el tope máximo de contribución, al señalar que permite que grandes empresas paguen lo mismo que otras con ingresos significativamente menores, rompiendo el principio de equidad y capacidad contributiva.
Asimismo, advirtió que la ley afecta la autonomía municipal al centralizar competencias y recursos que corresponden a los ayuntamientos y criticó que no se explique de manera clara y detallada cómo serán administrados los fondos que se recauden ni bajo qué mecanismos de control y transparencia.
Finalmente, Elvin Castillo reiteró que respaldar el recurso ante el Tribunal Constitucional no es un ataque a la sostenibilidad ambiental, sino una defensa del Estado de derecho, al insistir en que el cuidado del medio ambiente no puede servir de excusa para imponer cargas desproporcionadas ni para manejar recursos públicos sin reglas claras.
