El presidente Luis Abinader decidió observar y devolver al Congreso Nacional el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas acumuladas por el Estado dominicano a contratistas y empresas que ejecutaron obras y servicios sin contratos formales durante gestiones pasadas.
Decisión del Poder Ejecutivo
La observación presidencial implica que la iniciativa legislativa regresa a la Cámara de Diputados para ser conocida nuevamente. Conforme a la Constitución, los legisladores deberán decidir si acogen o rechazan las observaciones del mandatario, sin la posibilidad de introducir modificaciones al texto original.
De acuerdo con representantes del sector construcción, las observaciones realizadas por el presidente serían mayormente de carácter técnico y no afectarían el fondo del proyecto, por lo que mantienen la expectativa de que la ley sea finalmente ratificada y promulgada.
Origen y alcance del proyecto
La propuesta legislativa fue elaborada a partir de un anteproyecto presentado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia). En el mismo se identifican más de 571 contratistas y empresas que reclaman pagos pendientes por trabajos realizados hace décadas.
Del total de reclamantes, 95 contratistas ejecutaron obras públicas sin contratos formales, mientras que otros 476 prestaron servicios de mantenimiento correctivo, principalmente en centros educativos bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación.
Tipos de trabajos adeudados
Las labores pendientes de pago incluyen trabajos de pintura, reparación de techos, instalaciones eléctricas, demoliciones, adecuación de aulas y construcción de canchas, entre otros servicios realizados en escuelas y edificaciones públicas a nivel nacional.
Entre las instituciones señaladas con deudas figuran el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, la Junta Central Electoral y la Alcaldía del Distrito Nacional.
Cuestionamientos y debate legislativo
El proyecto fue aprobado previamente en el Congreso bajo el procedimiento de urgencia y sin pasar por el análisis de comisiones, lo que generó críticas de sectores legislativos que cuestionaron la falta de discusión y de información clara sobre el monto total que implicaría el pago de estas deudas.
Uno de los principales señalamientos fue que la iniciativa no establece una cifra global a desembolsar, aspecto que motivó la abstención de algunos legisladores durante la votación.
Expectativas de los contratistas
Los contratistas afectados expresan confianza en que el Congreso ratifique la pieza legislativa y que el Ejecutivo proceda a su promulgación, lo que permitiría saldar compromisos financieros pendientes desde hace más de 30 años.
Para este sector, la aprobación definitiva de la ley representaría un paso importante para cerrar un capítulo de deudas históricas del Estado y mejorar la confianza en las relaciones entre el Gobierno y los proveedores de obras y servicios públicos.
Próximos pasos
El Congreso dispone del plazo constitucional para conocer las observaciones del presidente. De no hacerlo dentro del tiempo establecido, la ley podría quedar aprobada con las observaciones incluidas, reactivando así el proceso para el pago de las deudas reclamadas.
