La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional programó para el próximo 3 de febrero el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos por Santiago Hazim y otros seis imputados en el denominado caso Senasa.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por Isis Muñoz, junto a los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, luego de que la imputada Ada Ledesma Ubiera acudiera a la audiencia sin la asistencia de sus abogados. Ante esta situación, la corte decidió aplazar la vista para las 10:00 de la mañana de ese día, a fin de garantizar que la acusada cuente con representación legal.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, los abogados del Estado y el querellante Miguel Surún Hernández manifestaron no tener objeción al aplazamiento solicitado.
Los recursos de apelación fueron presentados por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero, quienes buscan que se revoque la medida de prisión preventiva impuesta a los encartados. Dicha medida fue ordenada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró el proceso como caso complejo y dispuso el traslado de los imputados a los centros penitenciarios Las Parras y Najayo Mujeres.
Entre los detenidos figuran Santiago Hazim, exdirector del SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, ese mismo día la Corte conocerá el recurso presentado por Miguel Surún Hernández contra Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes actualmente cumplen medidas de arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta red operó entre los años 2020 y 2025, ocasionando un perjuicio que supera los 15 mil millones de pesos al sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos y falsificación de documentos, entre otros.
Las autoridades reiteraron que el proceso continúa abierto y que tanto personas físicas como jurídicas siguen siendo investigadas, por lo que no se descartan nuevas imputaciones conforme avancen las pesquisas relacionadas con este caso de alto impacto económico.
