Por César Fragoso En los últimos tiempos ha comenzado a circular una modalidad de estafa particularmente peligrosa, no solo por el daño económico que puede causar, sino por el nivel de angustia emocional que genera en sus víctimas. Se trata de individuos que se hacen pasar por miembros de la Policía Nacional o del Ministerio Público de la República Dominicana para extorsionar a personas que, efectivamente, enfrentan algún proceso judicial, en especial casos relacionados con violencia de género.
El método utilizado no es improvisado. Por el contrario, demuestra planificación, conocimiento del sistema judicial y, lo más preocupante, acceso a información que no debería estar al alcance de terceros.
Las víctimas reciben llamadas o mensajes de WhatsApp de supuestos oficiales que se identifican con nombres, rangos y hasta fotografías de perfil cuidadosamente escogidas para generar credibilidad. En algunos casos, los perfiles muestran imágenes de hombres uniformados; en otros, el logo institucional del Ministerio Público. El objetivo es claro: que la persona crea que está hablando con una autoridad legítima.
El discurso suele ser casi siempre el mismo
Les informan que tienen una “rebeldía abierta”, que existe una orden pendiente, que su expediente está en el Palacio de Justicia y que en cualquier momento podrían ser apresados. La conversación está diseñada para provocar miedo, ansiedad y sensación de urgencia. Y cuando la persona ya está emocionalmente vulnerable, llega la segunda parte del libreto: “Eso se puede arreglar antes de que procedan a buscarte”. Es ahí donde aparece la verdadera intención: la extorsión.
Según reportes recibidos de ciudadanos preocupados, entre los números utilizados para estos fines figuran el 829-472-9690, desde donde quien escribe se identifica como “teniente Carlos De Los Santos”, y el 809-751-0509, que utiliza como imagen de perfil el logo del Ministerio Público. Estos datos se citan únicamente como parte de denuncias ciudadanas, con fines preventivos, no como acusación formal.
Lo verdaderamente alarmante de este fenómeno no es solo la estafa en sí, sino el nivel de información que manejan quienes la ejecutan. En varios casos conocen nombres, tipos de procesos y detalles que coinciden con expedientes reales. Esto abre una interrogante legítima y preocupante:
¿De dónde están obteniendo estos datos?
La justicia no puede funcionar si la información sensible de los ciudadanos termina en manos de delincuentes que la utilizan para lucrarse a través del miedo. Y peor aún, cuando ese miedo se apoya en una de las situaciones más delicadas que puede vivir una persona: un proceso judicial.
Es necesario reiterar algo con absoluta claridad:
Ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público solicitan dinero por teléfono, ni “arreglan” expedientes mediante llamadas o transferencias.
Cualquier comunicación de esa naturaleza es falsa y debe ser tratada como intento de estafa.
La recomendación ante estos casos es sencilla, pero vital:
No enviar dinero.
No compartir datos personales.
Colgar inmediatamente.
Verificar siempre directamente con su abogado o en la institución correspondiente.
Guardar evidencia (capturas, audios, números) y reportarla a las autoridades competentes.
Este no es un tema menor. Es un problema que combina delito, abuso de la imagen institucional y vulnerabilidad ciudadana. Requiere atención seria, investigación profunda y una respuesta firme por parte de los organismos responsables.
La población debe estar alerta, pero el Estado también debe garantizar que sus sistemas de información no se conviertan en herramientas al servicio de los delincuentes.
Porque cuando alguien utiliza el uniforme, el nombre o el prestigio de la autoridad para extorsionar, no solo roba dinero: también erosiona la confianza en las instituciones.
