Lo que comenzó como un sueño de retiro en el Caribe terminó convertido en pesadilla. A sus 88 años, el investigador de Harvard Eduardo Troya y su esposa Eveling Montás aseguran haber sido despojados de sus ahorros: 1.6 millones de dólares invertidos para adquirir una villa en Juan Dolio que nunca recibieron.
Troya, movido por la solidaridad y el cariño a los dominicanos, vino al país a realizar obras de caridad, hoy reclama justicia en los tribunales. “Liquidé todo lo que tenía, hipotecamos nuestra casa, porque confiamos en que era una inversión segura. Nunca recibimos nada”, relató con voz quebrada el académico en el tribunal.
“Por qué razón uno le da un dinero a una gente por un inmueble y no le entrega ni la cosa comprada ni el dinero. Ese era un dinero que tenía un soporte y después nos dimos cuenta que ellos no tenían autorización para hacer los certificados y esa era la garantía nuestra”, explicó la mujer.
La pareja, ya en edad avanzada, denunció que la estafa no solo los dejó sin dinero, sino también sin paz. “Nos sentimos engañados, y cada viaje que hacemos para reclamar justicia nos cuesta miles de dólares.
Mi esposo tiene 88 años y pedimos que nuestro caso sea escuchado”, expresó Montás.
De acuerdo al periódico El Nacional, el expediente vincula a las empresas Groupmetro S.A., Metro Country Club S.A. y Playa Marota, representada por Luis José Asilis Elmudesi, quienes alegadamente captaron los fondos mediante certificados financieros.
El tribunal de alzada, presidido por el magistrado Daniel Nolasco Olivo e integrada por las juezas July Elizabeth Tamariz Núñez y Mariana Daneira Garcia castillo, se reservó para el 13 de marzo a las 11:00 de la mañana, el fallo del recurso de apelación interpuesto por el señor Asilis y las razones sociales (Compañías) encartadas por la alegada estafa.
Las víctimas acudieron ante la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde solicitan que se aplique correctamente la ley para que le sea devuelto el dinero entregado por una villa que nunca recibieron, pese a haber cumplido con los pagos establecidos.
“Enamorado de este país, él vino a invertir y hemos tratado por todos los medios de recibir el dinero que le entregamos. Hablamos con el señor Asilis y siempre nos presentaba una excusa, por lo que tuvimos que venir aquí para que se haga justicia” narró Eveling Montás.
Dijo que le entregaron un millón 600 mil dólares en certificado, y que, aunque no concluyeron el proyecto Asilis y las compañías señaladas se quedaron con todo y no le entregaron la villa. “Nos sentimos estafados”.
Los representantes legales de los querellantes Joaquín Benezario y, Dennis Otoniel Figuereo, definieron la acción como “una vulgar estafa” pidieron al tribunal declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los acusados, y que, a su juicio, viola lo dispuesto por el artículo 418 del Código Procesal Penal.
Según la acusación, el proyecto fue presentado como una inversión segura, con promesas de entrega que nunca se materializaron. Con el paso del tiempo, la pareja afectada quedó atrapada en un proceso judicial que, lejos de ofrecer respuestas, ha prolongado su angustia.
La esposa del científico también figura como víctima directa del fraude. Ambos, ya en edad avanzada, aseguran que esta situación les ha provocado un deterioro emocional profundo, además de una grave afectación económica que pone en riesgo su estabilidad.
El expediente establece que las razones sociales Croupmetro S.A., Metro Country Club S.A. y Playa Moronta, bajo la representación de Luis José Asilis, están vinculadas al proyecto y a la captación de los fondos entregados por la pareja, mediante certificados financieros.
Los querellantes sostienen que no buscan venganza, sino justicia, y reclaman que su caso sea examinado sin privilegios ni dilaciones.
“Solo queremos que se nos devuelva lo que nos pertenece”, expresa la pareja, mientras espera que los tribunales sienten un precedente que proteja a otros ciudadanos de caer en redes de engaño similares.
“En el 2008 liquidé todo cuanto tenía, mis certificados de depósitos que tenía en los bancos, todo el dinero que tenía y como eso no fue suficiente saque una hipoteca en mi residencia primaria de 500 mil dólares, porque la inversión era tan fantástica y tan grande.
Nunca recibí ni un solo centavo del 12% del interés que se me dijo que se me iba a pagar”, edificó el catedrático internacional al tribunal.
Toya añadió que, en el 2009, también aportó 400 mil dólares y que le entregaron papeles comerciales falsos, que no tenían ninguna validez “que un papel higiénico tenía mucho más valor que ese papel comercial, pagaron por muy pocos años el interés de un 12% y, después: Nada, Nada, nada. Consecuentemente queda demostrado que hubo una estafa, un abuso de confianza y nadie puede tapar la luz del sol con un dedo.
“Está demostrado ante ustedes, no hay argumentos, no hay sofisma. Pido a ustedes que simplemente vean la evidencia”, concluyó.
Sostuvo que cada viaje que hacen al país para reclamar justicia en los tribunales le sale en tres y cinco mil dólares.
“Solamente el pasaje son mil dólares, últimamente tenemos que venir únicamente con el pasaje de ida, que no sale mucho más caro y comprar otro cuando la corte decidiera en dos o tres semanas. Mi esposo tiene 88 años y pedimos que nuestro caso sea escuchado porque no somos los únicos que visitamos este país”.
La pareja compró una villa que promocionó a nivel internacional el señor Asilis Elmudesi en el 2021, a quienes, alegan, entregaron 1 millón 600 mil dólares y hoy no tienen ni el dinero ni la villa, a pesar de haber venido al país 47 veces y aun así no le han cumplido.
Señaló que, aunque Asilis fue condenado en primera instancia al pago un millón 733 mil dólares, más 3 millones de dólares y su equivalente, más 500 mil dólares y su equivalente y 444 mil dólares o su equivalente, esta es la hora que no ha honrado lo dispuesto por el tribunal.
La parte imputada refutó el pedimento de los representantes de las víctimas, alegando que dos tribunales confirmaron que en el caso no se trata de una estafa ni abuso de confianza.
“Es un asunto juzgado y no da lugar a derivar ninguna vinculación, ningún beneficio ni ninguna consecuencia en término legales porque ya todos los tribunales del órgano judicial confirmaron que en el caso no existía ilícito penal”, refirió la defensa del acusado y las entidades comerciales encartadas.
Precisó que en el párrafo 56 de la decisión impugnada y los 65 y 66, sobre se desmontan la responsabilidad penal y civil.
Adujo que en el artículo 66 se reconoce que hubo una compra y venta, y que ese inmueble no ha podido ser ocupado, y que retiene la parte civil que el inmueble no se ha podido ocupar.
Señaló que los querellantes no recibieron las unidades porque no estaban satisfechos con la terminación del inmueble.
Demandó de la Procuraduría General de la República la creación de una Fiscalía Especializada contra la Estafa Inmobiliaria.
