Santo Domingo. El Ministerio Público presentó este 5 de febrero sus conclusiones finales en el juicio de fondo del denominado Caso Coral, uno de los procesos judiciales por corrupción administrativa más relevantes en la historia reciente de la República Dominicana. En su exposición ante el tribunal, la Procuraduría solicitó condenas que alcanzan hasta 20 años de prisión, además de multas significativas y el decomiso de bienes que, según la acusación, fueron adquiridos con fondos públicos desviados.
Las penas solicitadas
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, pidió al tribunal imponer la pena máxima de 20 años de prisión para varios de los principales acusados del caso. Entre ellos figuran:
- El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
- Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
- Rafael Núñez de Aza.
- Camilo de los Santos Viola.
Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público solicitó la imposición de multas equivalentes a cientos de salarios mínimos y el decomiso de propiedades, vehículos, cuentas bancarias y otros activos que habrían sido obtenidos mediante el esquema de corrupción investigado.
Cooperación y solicitud de pena reducida
Dentro del grupo de imputados también se encuentra el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien ha colaborado con las autoridades aportando información clave sobre el funcionamiento interno de la presunta red. Debido a esta cooperación, la Fiscalía solicitó para él una pena reducida de cinco años de prisión y una multa menor, planteando además que el tiempo que ha permanecido bajo arresto domiciliario sea tomado en cuenta como parte del cumplimiento de la condena.
El entramado investigado
De acuerdo con la acusación, el Caso Coral destapó una estructura que operó durante años dentro de instituciones de seguridad del Estado, mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del erario. El Ministerio Público sostiene que existía un mecanismo sistemático para sustraer recursos públicos, canalizarlos hacia fines personales y encubrir las operaciones a través de testaferros, compras de bienes y movimientos financieros irregulares.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó una amplia cantidad de pruebas documentales, periciales y testimoniales con el objetivo de demostrar la existencia del esquema y la participación directa de los acusados.
Un proceso de alto impacto
Este juicio ha sido considerado como uno de los más complejos en materia de persecución de la corrupción en el país, debido al perfil de los implicados y al volumen de evidencias analizadas. Las conclusiones presentadas por el Ministerio Público marcan la antesala de la etapa final del proceso, en la que el tribunal deberá evaluar las pruebas y emitir su sentencia.
La severidad de las penas solicitadas refleja, según el órgano acusador, la magnitud del daño causado al Estado y la necesidad de enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de los actos de corrupción en la administración pública.
