El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Marcelo F. Hazim Albainy,continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras mientras enfrenta un proceso penal por su presunta vinculación a un amplio entramado de corrupción que, según el Ministerio Público, habría provocado un perjuicio superior a 15 mil millones de pesos al Estado dominicano dentro del sistema público de riesgos de salud.
Decisión judicial
En la madrugada del jueves 5 de febrero de 2026, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Hazim y otros imputados, y ratificó la medida de prisión preventiva por 18 meses como parte de las medidas de coerción del proceso.
La jueza presidenta del tribunal, Isis Muñiz, explicó que la prisión preventiva es una herramienta legítima contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, siempre que se respeten los plazos establecidos y que
su aplicación no se limite únicamente a la fase inicial de la investigación.
Imputados y medidas de coerción
Junto a Hazim, otros seis implicados deberán permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial:
- Rafael Luis Martínez Hazim
- Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero
- Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico
- Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma Ubiera
En contraste, tres personas vinculadas al caso continuarán con medidas menos gravosas, como arresto domiciliario,
impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica:
- Cinty Acosta
- Heidi Mariela Pineda
- Eduardo Read Estrella
La corte también rechazó las solicitudes para que estas tres personas fueran enviadas a prisión preventiva.
Postura del Ministerio Público
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, valoró positivamente la decisión de la corte y defendió la solidez de la investigación. Señaló que los hechos atribuidos a los imputados representan una afectación “calamitosa y sumamente grave” al patrimonio del Estado.
Camacho adelantó que la investigación seguirá avanzando y dejó entrever que el caso aún podría tener nuevas fases, con posibles imputaciones adicionales.
Antecedentes del caso
La investigación, denominada Operación Cobra, sostiene que entre los años
2020 y 2025 se habría estructurado un esquema para desviar recursos públicos a través de prácticas como estafa al Estado, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, sobornos, lavado de activos y
falsificación de documentos.
De acuerdo con los fiscales, estas acciones afectaron directamente los recursos de la ARS pública y, por ende, a los afiliados del sistema de salud estatal.
Argumentos de la defensa
La defensa de Santiago Hazim ha calificado la prisión preventiva de 18 meses como
desproporcionada y contraria a principios constitucionales, al considerar que no se corresponde con la etapa procesal del caso.
Asimismo, los abogados han denunciado un deterioro considerable en la salud física del exfuncionario, señalando que ha perdido entre 70 y 80 libras desde su ingreso al centro penitenciario. En ese sentido,
evalúan solicitar la conformación de una junta médica que certifique su condición y permita revisar la medida impuesta.
