La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) expresó este martes su preocupación ante el riesgo de que denunciantes y testigos de presuntos actos de corrupción administrativa puedan enfrentar represalias, por lo que puso la situación en conocimiento de la Procuraduría General de la República.
Mediante una nota de prensa, la institución informó que su directora, Milagros Ortiz Bosch, realizó una visita a la Procuraduría con el objetivo de alertar sobre posibles acciones administrativas o legales que podrían ser emprendidas contra ciudadanos que han colaborado con investigaciones relacionadas con irregularidades en entidades públicas.
La inquietud de la Digeig surge a raíz de una denuncia recibida en agosto de 2025 sobre presuntas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Coraamon). Tras realizar los levantamientos preliminares, la entidad determinó que los hechos revestían carácter penal, por lo que remitió el expediente al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), conforme a lo establecido en la Ley 133-11.
La Digeig advirtió que los denunciantes y testigos involucrados en estos procesos podrían quedar en situación de vulnerabilidad, razón por la cual consideró necesario informar al órgano responsable de la persecución penal, a fin de que se adopten medidas que garanticen su protección y el respeto al debido proceso.
Propuesta para reforzar la protección a denunciantes
Asimismo, la institución informó que trabaja en una propuesta normativa orientada a fortalecer los mecanismos de protección a denunciantes, informantes y testigos, como parte de los esfuerzos para prevenir represalias y promover una cultura de integridad y transparencia en la administración pública.
Ortiz Bosch reiteró el compromiso del Gobierno de respaldar a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a denunciar irregularidades, así como de colaborar con las autoridades competentes para asegurar que estas acciones no deriven en consecuencias adversas para quienes contribuyen a la lucha contra la corrupción.
