La justicia dominicana conocerá este miércoles a las 9:00 de la mañana la solicitud de medida de coerción contra tres administradores de la empresa Comercial Barra Payán, señalados por un presunto fraude que superaría los RD$39.7 millones en perjuicio de otros socios del tradicional negocio.
La audiencia fue fijada tras rechazarse una recusación
La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, fue confirmada para conocer el proceso luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación rechazara una recusación que había sido presentada en su contra por la parte querellante. Con esta decisión, el tribunal dejó despejado el camino para que se conozca finalmente la solicitud del Ministerio Público.
Quiénes son los imputados
Los señalados en el expediente son:
Marcos Antonio Frías García
Juan Ismael Frías García
Dagoberto Cabrera
Dos de ellos son hermanos y forman parte de la administración del negocio, que también opera bajo el nombre de Panadería Payán.
Qué solicita el Ministerio Público
La fiscal a cargo del caso, Luz del Carmen Marte, ha solicitado que el tribunal imponga a los imputados:
Garantía económica de RD$1,000,000 en efectivo para cada uno.
Impedimento de salida del país.
Presentación periódica ante las autoridades.
Estas medidas buscan asegurar la presencia de los imputados durante el proceso judicial mientras avanza la investigación.
De dónde surge la acusación
La querella se fundamenta en una auditoría forense realizada por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco, en la que se detectaron diferencias entre los montos de ventas registrados manualmente por las cajeras y los depósitos realizados en las cuentas bancarias de la empresa, especialmente entre los años 2019 y 2022.
Según el informe pericial, estas discrepancias habrían generado un perjuicio económico que asciende a RD$39,784,661.18.
Quiénes figuran como querellantes
Los socios que interpusieron la querella son:
Juan Santiago Frías Paulino
Juan Abraham Frías Paulino
Yeimy Cantalicia Frías Paulino
Juan Carlos Frías Beltrán
Ellos alegan que los fondos generados por las ventas no fueron depositados en su totalidad en las cuentas oficiales del negocio.
La calificación legal del caso
El Ministerio Público ha tipificado el hecho como un presunto abuso de confianza, delito contemplado en el artículo 408 del Código Penal Dominicano, que sanciona la distracción de bienes o dinero cuando una persona tiene la responsabilidad de administrarlos.
