Senadores demócratas presentaron este miércoles una proposición de ley para que la contraloría estadounidense investigue y presente una auditoría en 30 días sobre los acuerdos de Washington con Venezuela para vender su petróleo.
El proyecto se llama «Ley de transparencia sobre los ingresos del petróleo venezolano» y fue presentado por el líder de la bancada demócrata, Chuck Schumer, y el senador Adam Schiff, según un comunicado oficial.
Los republicanos tienen la mayoría en el Congreso estadounidense.
La propuesta legislativa, de ser aprobada, encarga a la Oficina General de Contabilidad (GAO) una auditoría sobre el inédito esquema de recaudación de la venta del crudo venezolano, que por ahora transita por cuentas bancarias en Catar.
Estados Unidos instauró en diciembre un bloqueo naval al petróleo que Venezuela exportaba mediante buques cisterna «fantasma».
El sector petrolero venezolano estaba sometido a sanciones desde 2019.
Apenas un par de semanas después de ese bloqueo, una operación militar estadounidense sacó de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, que ahora esperan juicio por narcotráfico en Nueva York.
Con la llegada al poder de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que era la mano derecha de Maduro, se estableció un rápido diálogo con Washington para empezar a levantar sanciones y a improvisar un esquema de venta de crudo, bajo control estadounidense.
El presidente Donald Trump se ha declarado «muy satisfecho» por el nivel de colaboración con el nuevo gobierno venezolano, al tiempo que va levantando paso a paso las sanciones.
«El pueblo estadounidense merece saber qué está pasando con el dinero recibido de estos pagos por el petróleo venezolano y adónde —y a quiénes— está siendo destinado», declaró Schumer en su comunicado de prensa.
«No hay razón para que Trump eluda el sistema bancario de Estados Unidos y llene los bolsillos de sus amigos de las grandes petroleras en lugar de reducir los costos para los estadounidenses que trabajan duro» añadió.
Estados Unidos permite la venta de crudo venezolano en el mercado formal, pero fiscaliza los ingresos, que a finales de enero representaban unos 500 millones de dólares como mínimo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, admitió en una audiencia ante el Senado que el esquema era «novedoso», y se mostró abierto a una auditoría.
