El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, remitió una comunicación al Grupo SIN en la que rechaza que la dilación de su proceso penal sea atribuible a su defensa y sostiene que los retrasos obedecen exclusivamente a actuaciones del Ministerio Público.
En la carta, dirigida a la periodista Yolanda Martínez del programa El Despertador, Rodríguez afirma que han transcurrido más de cinco años y siete meses desde el inicio del proceso sin que se haya iniciado el juicio de fondo.
Indica que estuvo cuatro años en prisión preventiva —plazo que señala como el máximo previsto para el proceso— y que nunca ha faltado a una audiencia ni solicitado aplazamientos.
Según expone, hace casi tres años su defensa depositó ante el tribunal 1,046 pruebas que, asegura, buscan demostrar su presunción de inocencia y evidenciar supuestas irregularidades en la investigación, entre ellas alegadas violaciones al debido proceso, ocultamiento de pruebas de descargo, alteración de dispositivos electrónicos y amenazas a testigos.
¿Cuáles son las causas del retraso según Alain?
Rodríguez sostiene que una de las principales causas del retraso ha sido la presentación de una acusación que califica como «innecesariamente abultada, confusa e ininteligible», compuesta —según detalla— por más de 12,000 páginas y 666,000 archivos digitales, equivalentes a cerca de 50 millones de páginas.
Afirma que esta situación generó múltiples incidentes procesales y cerca de dos años adicionales de retraso.
En la misiva también atribuye al Ministerio Público el vencimiento de plazos para presentar la acusación, así como la entrega tardía y parcial de pruebas de descargo pese a órdenes judiciales. Añade que, en lugar de suministrar más de 3,000 supuestas pruebas en formato adecuado, se depositó un disco duro con archivos dañados, lo que —según indica— fue certificado por técnicos del Poder Judicial y provocó nuevas suspensiones.
Asimismo, señala que el órgano acusador solicitó el desglose del proceso respecto de dos imputados y, posteriormente, su fusión nuevamente, lo que habría generado aplazamientos adicionales.
Rodríguez afirma que los jueces del caso han dejado constancia de que las dilaciones identificadas son imputables al Estado y no a su persona. En ese contexto, indicó que este miércoles 11 de febrero de 2026 espera que el juicio pueda finalmente iniciar, con el propósito de exponer —junto a su equipo legal— más de 25 alegadas violaciones al debido proceso y rebatir las imputaciones en su contra.
El exfuncionario concluye que ha mantenido interés en que el proceso avance dentro de un plazo razonable y conforme a la Constitución y las leyes, e invita a la ciudadanía a dar seguimiento a las audiencias públicas del caso.
