Lo que debería ser un derecho constitucional se ha convertido en una batalla campal para dominicanos e inversores locales. Eddie Griffith, ciudadano y propietario de inmuebles en zonas turísticas, denunció formalmente a través del portal Ensegundos.do la creciente práctica de hoteles que restringen ilegalmente el acceso a las playas dominicanas a quienes no son sus huéspedes.
La denuncia, dirigida al periodista José Peguero, pone el foco en la violación sistemática de la Constitución Dominicana y la Ley 305-68, las cuales establecen que las playas son bienes de dominio público y de libre acceso para todos.
Un obstáculo para el turismo inmobiliario
Griffith, quien posee dos apartamentos a menos de 300 metros de la costa, relata que su experiencia personal se ha vuelto un calvario de confrontaciones con el personal de seguridad privada de los complejos hoteleros.
«Cada vez que deseo disfrutar de la playa, me veo obligado a pasar un mal rato con la seguridad de los hoteles, quienes intentan impedirme el paso o me someten a cuestionamientos innecesarios, como si se tratara de una propiedad privada», explicó el denunciante.
El afectado resalta que esta problemática no solo afecta al dominicano común, sino que pone en riesgo el modelo de turismo sostenible y de alquiler vacacional. Muchos turistas europeos y locales prefieren hospedarse en apartamentos para integrarse a la comunidad, pero se encuentran con una barrera impuesta por las grandes cadenas hoteleras.
Pruebas de exclusión y abusos
El denunciante asegura poseer material audiovisual inédito que documenta estos atropellos. Entre las pruebas destaca el testimonio grabado de un ciudadano español que fue presionado por la seguridad de un hotel mientras disfrutaba de la costa sin estar hospedado en dicho recinto.
Para Griffith, la sociedad dominicana está «despertando tarde» ante una realidad donde el patrimonio nacional está quedando en manos extranjeras debido a la falta de reclamo de derechos.
Puntos clave de la denuncia:
- Ilegalidad: Los hoteles regulan accesos internos, pero no pueden obstruir el paso a bienes públicos (la franja de 60 metros de playa).
- Impacto Económico: La restricción afecta a propietarios de apartamentos y a la diversidad del modelo turístico.
- Advertencia: «Viajo a RD desde hace 30 años y cada vez veo que ustedes lo están perdiendo todo», advirtió Griffith, señalando la pasividad ciudadana.
Esta denuncia se suma a un debate nacional creciente sobre la fiscalización de las zonas marítimas y el papel de las autoridades ante la privatización irregular de las costas, un recurso que, por ley, pertenece a todos los dominicanos.
