El equipo legal de Somos Pueblo Media y su principal figura, Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, mejor conocido como «El Piro», emitió un comunicado oficial este 9 de febrero de 2026 para fijar posición ante el reciente conflicto legal y público con el señor Virgilio Aníbal Feliz Mejía.
La firma de abogados, integrada por los licenciados Yan Carlos Martínez Segura, Wendy Luis Salazar Fermín y Wascar Rosdeivi Olmos Hane, defendió la integridad de su labor investigativa y reafirmó su postura frente a las presiones legales recibidas.
Rechazo a la intimación por el caso SENASA
El conflicto se originó tras una intimación legal enviada por Feliz Mejía, quien exigía que el medio se retractara de opiniones emitidas en relación con el caso SENASA. Somos Pueblo respondió formalmente mediante el acto de alguacil núm. 34/2026, rechazando de plano la solicitud.
«Nuestras intervenciones son análisis críticos basados en información de dominio público. No se configura difamación ni injuria cuando se ejerce el derecho a la libre expresión y la fiscalización social», sostiene la defensa técnica.
Deslinde sobre supuestas amenazas
El comunicado también aborda una publicación realizada por Virgilio Feliz el pasado 8 de febrero en la red social X, donde este aludía a supuestas amenazas en su contra. Aunque el demandante no mencionó directamente a Somos Pueblo, el equipo legal consideró necesario aclarar la situación debido al contexto litigioso actual.
- No a la violencia: La entidad aclaró categóricamente que no promueve, incentiva ni participa en actos de intimidación o acciones ilícitas.
- Apego a la ley: Condenaron cualquier práctica que atente contra el Estado de Derecho, asegurando que su actuación se limita estrictamente a los canales periodísticos y legales.
Firmeza en su línea editorial
El equipo de Somos Pueblo Media recalcó que su credibilidad se fundamenta en investigaciones exhaustivas sobre corrupción y demandas sociales. Concluyeron reafirmando su confianza en que las instancias judiciales serán las encargadas de dirimir la controversia, siempre bajo la protección del derecho constitucional a la información.
