La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Frente Amplio (FA) calificó como un «atentado contra la soberanía ambiental» la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua. La organización política anunció que recurrirá legalmente la decisión para evitar lo que consideran un despojo del patrimonio estatal.
Según el Frente Amplio, la sentencia del tribunal favorece «supuestos derechos de propiedad» de herederos vinculados a antiguos testaferros de la dictadura de Trujillo, ignorando la jerarquía jurídica y el valor ecológico de esta área protegida.
Un conflicto de constitucionalidad
El equipo técnico y ambiental del partido fue enfático al señalar que el TSA se ha extralimitado en sus funciones. Argumentan que la configuración de las áreas protegidas está blindada por la Constitución dominicana.
“Ningún tribunal puede, mediante sentencia, reducir o alterar los límites de un parque nacional. Conforme al orden constitucional, cualquier modificación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) solo puede realizarse mediante ley orgánica aprobada por mayoría calificada en el Congreso Nacional”, manifestó la comisión mediante un comunicado oficial.
Alerta por «precedente peligroso»
La organización advirtió que permitir que esta sentencia se consolide abriría una «caja de Pandora» legal que pondría en riesgo otros parques nacionales y reservas científicas en todo el país.
- Amenaza al SINAP: Denuncian que la decisión judicial podría desatar una ola de reclamaciones privadas sobre terrenos estatales protegidos.
- Intereses particulares: El Frente Amplio asegura que se están priorizando beneficios económicos individuales por encima del bien común y la biodiversidad.
Acciones legales inmediatas
El Frente Amplio concluyó informando que agotará todos los recursos legales disponibles en las altas cortes para revertir este fallo. Aseguran que su objetivo es impedir que se establezca una jurisprudencia que legitime la entrega de áreas protegidas a intereses privados, reafirmando su compromiso con la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental de la nación.
