Jarabacoa, La Vega. — Dos veteranos del Ejército de Estados Unidos interpusieron una demanda judicial contra un socio local por presunto abuso de confianza y estafa superior al millón de dólares, vinculada al desarrollo de un proyecto de turismo médico y bienestar orientado a exmilitares norteamericanos en República Dominicana.
Los demandantes son Alfredo Antonio Cordero Camacho y Terry Wayne Wheat Jr., fundadores de la plataforma de atención médica para veteranos Veterans Community Care Abroad (VCCA), iniciativa que desde 2022 opera centros de servicios de salud especializados en Bávaro y Punta Cana. Ambos acusan al empresario local Gerineldo de los Santos Martínez de incumplir compromisos contractuales relacionados con la expansión del proyecto en Jarabacoa.
De acuerdo con la documentación depositada ante los tribunales, los inversionistas alegan pérdidas que superan los US$1,000,000 por concepto de inversiones no ejecutadas, obras inconclusas, presuntos vicios de construcción y falta de traspaso de terrenos que formarían parte de una sociedad comercial constituida para desarrollar un complejo médico-ecoturístico.
VCCA inició operaciones en 2022 como una red de atención ambulatoria dirigida a veteranos estadounidenses residentes o de visita en el país, así como a sus familiares y pacientes privados. El modelo de servicios se articula con beneficios de salud gestionados ante programas médicos de veteranos en el exterior y bajo las regulaciones dominicanas.
Según datos institucionales suministrados por sus ejecutivos, el centro cuenta con especialistas en medicina general, psicología, fisioterapia y otras áreas clínicas, y ofrece acompañamiento en procesos de reclamación médica de exmilitares. Las consultas para veteranos se canalizan a través de sus coberturas oficiales, por lo que no representan costo directo para los beneficiarios.
Cordero Camacho explicó que la elección de Jarabacoa respondió a criterios de entorno natural, clima de montaña y condiciones propicias para programas de recuperación física y emocional. El plan contemplaba integrar servicios médicos con hospedaje ecológico, cabañas y facilidades de retiro orientadas a terapias de rehabilitación y bienestar.
Conforme a la copia del acuerdo suscrito entre las partes, el socio local se comprometía a vender y ceder participaciones de varias porciones de terreno que, en conjunto, superan los 50,000 metros cuadrados dentro de una parcela mayor de 70,496 metros cuadrados.
El precio total pactado fue de RD$170 millones -equivalentes en ese momento a unos US$2.8 millones- con un esquema de pagos parciales en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, sujeto a tasa de cambio acordada. Parte de esos recursos también se destinaría a la construcción de las instalaciones del proyecto ecológico y de hospedaje.
Los demandantes sostienen que, pese a realizar desembolsos y avanzar en la ejecución inicial, no se concretaron los traspasos de propiedad ni la totalidad de las obras previstas, lo que habría frenado la expansión del modelo de atención médica y turismo de bienestar que proyectaban desarrollar en la zona.
Los inversionistas afirmaron que su decisión de acudir a la vía judicial busca proteger la inversión realizada y sentar responsabilidades individuales, sin que el caso -según precisan- deba interpretarse como una señal negativa sobre el clima de inversión en el país.
“El objetivo no es desacreditar al país, sino resolver una situación puntual con una contraparte que incumplió. Seguimos creyendo en el potencial de República Dominicana para proyectos de salud, rehabilitación y turismo médico”, expresaron.
Se intentó obtener la reacción del empresario señalado o de su representación legal, sin respuesta al momento de la publicación. El caso se encuentra actualmente en proceso judicial.
