El Ministerio Público aseguró este miércoles poseer pruebas contundentes sobre las maniobras fraudulentas presuntamente ejecutadas por los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta para sustraer fondos del Estado de manera «fácil y rápida».
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, detalló tras la salida del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la estructura operaba desde el Ministerio de Hacienda, realizando pagos irregulares a personas fallecidas o que carecían de calidad jurídica para recibir fondos públicos.
Estructura de «dinero fácil»
Según el Ministerio Público, los procesados utilizaron una red que incluía al abogado Ángel Lockward, mediante la cual se pagaba a supuestos acreedores con un sobreprecio superior al 65% de la deuda original.
“Lanzamos una pregunta clave: ¿Quién que se crea merecedor de un derecho dona a quienes no han hecho nada más del 65% de lo que se cree suyo? Es evidente que el único fin era obtener dinero fácil”, sentenció Ortiz.
La acusación señala que la red desvió más de RD$19 mil millones de los contribuyentes a través de pagos por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.
Réplica a la defensa de Gonzalo Castillo
Respecto a los argumentos presentados por los abogados del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, la titular de la Pepca advirtió que la institución desmontará lo que calificó como «falsedades» de la defensa.
“A Gonzalo Castillo que no coma ansias, porque aún no hemos llegado a replicarle. Eso pasará el próximo miércoles; desmontaremos todos y cada uno de los argumentos que han querido montar”, afirmó la magistrada, quien estuvo acompañada por un equipo de fiscales integrado por Rosa Alba García, Miguel Crucey y otros siete representantes del órgano persecutor.
Detalles del proceso
- Imputados: 46 personas físicas y jurídicas.
- Cargos: Asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
- Próxima audiencia: La jueza Altagracia Ramírez aplazó el proceso para el 25 de febrero de 2026.
Entre los acusados figuran, además de los exministros, exdirectores de entidades como el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Catastro Nacional, así como exencargados de Deuda Pública y Juegos de Azar de Hacienda, quienes habrían conformado una coalición para defraudar el patrimonio público a una escala sin precedentes.
