En un acto que marca un precedente en la fiscalización civil en la República Dominicana, el Movimiento Dominicanos Unidos Contra la Corrupción realizó el lanzamiento oficial de su plataforma de acción. Durante el evento, se presentó una radiografía alarmante sobre la administración actual de los recursos del Estado, calificando la situación como un secuestro institucional por parte de grupos empresariales y redes de asesorías de alto costo.
El evento contó con la destacada participación del ex senador Iván Silva, integrante del movimiento, quien junto a otros miembros denunció que las decisiones sobre la riqueza nacional se están tomando por decreto.
Silva enfatizó que el país pertenece a los ciudadanos que pagan impuestos y madrugan para sostener la economía, y no a una élite que gestiona el patrimonio público fuera del escrutinio ciudadano.
Uno de los puntos más contundentes de la exposición se centró en la estructura de sueldos dentro del Poder Ejecutivo. El movimiento reveló la existencia de asesores con salarios que oscilan entre uno y cincuenta millones de pesos mensuales. Estos funcionarios perciben, además, beneficios como viviendas, vehículos, seguridad y gastos educativos, mientras sus funciones reales y los intereses a los que sirven permanecen en la opacidad.
Como ejemplo de esta falta de transparencia, Silva citó los honorarios de consultores estratégicos de alto nivel como Mauricio de Vengoechea. Se señaló que, a pesar de su influencia en el Estado y su labor para el oficialismo, no existe una rendición de cuentas pública y detallada que justifique las erogaciones millonarias que percibe por sus servicios de consultoría.
Asimismo, expresó su preocupación por la configuración del poder político tras la Ley 45-25 de julio de 2025, que fusionó los ministerios de Hacienda y Economía. Según el colectivo, esta reestructuración, sumada al peso del Consejo Nacional de Competitividad, otorga a la cúpula empresarial del CONEP y el CES una incidencia desmedida en la coordinación de la Estrategia Nacional de Competitividad y el manejo de las finanzas estatales.
Los datos presentados por Silva indican que, mientras el Presupuesto General del Estado para 2025 alcanzó los 1.59 billones de pesos, las fortunas de los sectores vinculados a dichos consejos se han multiplicado exponencialmente desde 2020. En contraste, la deuda pública ya consume el 20.1% del presupuesto, lo que equivale a más de 298 mil millones de pesos, limitando la operatividad de las instituciones estatales.
La realidad social presentada muestra también un colapso en los servicios básicos, sustentado en datos de la ADP, UNICEF y la encuesta ENHOGAR 2025. Se detalló que el sector educativo enfrenta un déficit acumulado de 6,400 aulas y que el 25% de los centros no tiene acceso a agua. Además, el 50% de los hogares dominicanos recibe agua potable apenas de uno a tres días por semana, obligándolos a costear soluciones privadas.
En el ámbito de la seguridad social, el ex congresista denunció el uso de los fondos de pensiones como un mecanismo de auxilio para intereses privados. Se citó la transferencia de 6,000 millones de pesos a Senasa en septiembre de 2025 para cubrir déficits, mientras las pensiones de la mayoría de los ciudadanos se mantienen en niveles de indigencia, rondando apenas entre los 6,000 y 13,000 pesos mensuales.
Ante este panorama, el Movimiento Dominicanos Unidos Contra la Corrupción anunció el inicio de una etapa de vigilancia ciudadana y movilización permanente. Exigen la publicación inmediata de todos los contratos de asesores, el cumplimiento estricto de la ley de presupuesto y una revisión profunda de las concesiones otorgadas a empresas como Aerodom y diversas compañías del sector minero.
El colectivo que también lo integran Reemberto Pichardo, Juan Valdez, Elvis, Mendez entre otros prestigiosos ciudadanos, concluyó con un llamado enérgico a la población para recuperar los partidos políticos de manos de los grupos empresariales. Instaron a los ciudadanos a participar masivamente con conciencia crítica en los procesos democráticos, enfatizando la necesidad de votar por cuentas claras y resultados que garanticen una vida digna para todo el pueblo dominicano.
Anoche se formalizó el lanzamiento del Movimiento Dominicanos Unidos Contra la Corrupción (MDUCC), una nueva iniciativa ciudadana orientada a promover la transparencia en la administración pública y la defensa de la soberanía nacional. Durante el acto de presentación, sus fundadores instaron a la población a integrarse activamente en la supervisión de los recursos del Estado.
Composición de la Junta Directiva
La dirección del naciente movimiento está a cargo de una junta directiva que fungirá como coordinadora de las acciones cívicas de la organización. La estructura está conformada por:
- Prof. Dr. Reemberto Pichardo, presidente.
- Dr. Iván Silva, vicepresidente.
- Dr. Elvys Méndez, miembro de la junta.
- Prof. Juan Valdez, miembro de la junta.
En su primer mensaje conjunto, los directivos subrayaron que el combate a la corrupción institucional no debe ser visto como la responsabilidad de un grupo reducido, sino como un compromiso colectivo de toda la sociedad dominicana.
Ejes de acción del movimiento
Durante la presentación oficial, que contó con la asistencia de representantes de diversos sectores de la sociedad civil, el MDUCC delineó sus principales prioridades de trabajo:
- Unidad ciudadana: Fomentar un esfuerzo cívico sostenido para exigir y construir instituciones estatales más transparentes.
- Defensa de la soberanía: Hacer frente a las prácticas administrativas que erosionen la confianza pública y debiliten la capacidad de decisión soberana del país.
- Control social: Crear espacios seguros y estructurados para la participación cívica, la denuncia responsable y el establecimiento de mecanismos de supervisión ciudadana.
Espacio abierto a la participación
El MDUCC se define a sí mismo como un espacio plural enfocado en la ética, la integridad y la rendición de cuentas en la gestión pública. Como parte de su lanzamiento, la directiva extendió una invitación abierta a ciudadanos, organismos de la sociedad civil y medios de comunicación para sumarse a sus futuras mesas de trabajo y actividades de incidencia.
