SANTO DOMINGO, RD. – La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional asestó un golpe jurídico a las pretensiones del mayor general Adán Cáceres Silvestre y demás implicados en el entramado de corrupción administrativa desmantelado por el Ministerio Público, al ratificar la decisión que los obliga a enfrentar el juicio de fondo.
El tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el cual buscaba la extinción de la acción penal alegando el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
Fallo Judicial: Sin dilaciones indebidas
Los jueces Isis Muñiz (presidenta), Nancy Joaquín y Teófilo Andújar confirmaron en todas sus partes la resolución dictada el 5 de agosto de 2025 por el Primer Tribunal Colegiado. Al dar a conocer el fallo, el pleno fue enfático:
“Este tribunal rechaza el pedimento de extinción de la acción penal por duración máxima… el discurrir del proceso se ha dado dentro de los márgenes de la ley y respetando el derecho de todos los involucrados”.
La Corte fundamentó su decisión en que las demoras registradas entre octubre de 2023 y junio de 2024 no son atribuibles al Ministerio Público ni al actor civil. Por el contrario, el tribunal identificó que los aplazamientos se debieron a:
- Incomparecencia de representantes legales de empresas involucradas.
- Cambios constantes y renuncias de defensores técnicos.
- Otorgamiento de plazos adicionales para que nuevos abogados conocieran el expediente.
- Licencias médicas de los imputados.
El esquema de corrupción y las penas solicitadas
Adán Cáceres Silvestre es señalado como el cabecilla de una red que operó entre 2012 y 2020, desviando más de RD$4,500 millones de fondos públicos pertenecientes al Cusep, al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Debido a la magnitud del desfalco, el Ministerio Público, representado en esta audiencia por los magistrados José Manuel Aguiló Talavera y Jonathan Pérez (Pepca), ha solicitado penas severas:
| Imputado | Rango/Cargo | Petición de Pena |
| Adán Cáceres Silvestre | General (Ex-Cusep) | 20 años de prisión |
| Juan Carlos Torres Robiou | General (Ex-Cestur) | 20 años de prisión |
| Julio Camilo De los Santos Viola | General | 20 años de prisión |
| Raúl Alejandro Girón Jiménez | Mayor | 5 años de prisión |
Además de la cárcel, se han solicitado multas que ascienden a los 400 salarios mínimos para los principales cabecillas y montos específicos para otros colaboradores del esquema que integran las 30 personas físicas y 18 jurídicas procesadas.
Respaldo al Debido Proceso
La ratificación de la Corte también se apoyó en precedentes del Tribunal Constitucional, estableciendo que la extinción de un proceso debe considerar las limitaciones operativas del sistema judicial dominicano y el uso de múltiples recursos procesales por parte de las defensas, los cuales justifican la extensión de los plazos para garantizar, paradójicamente, el propio derecho de defensa de los acusados.
Con esta decisión, el juicio de fondo continúa su curso, marcando un hito en la persecución de la corrupción administrativa de alto nivel en el país.
