El creador de contenido automotriz y líder de la plataforma «Hablando de Vehículos», Jefté Rafael Ventura Jiménez, denunció este lunes un presunto «abuso de autoridad» por parte de la Procuraduría Fiscal de la provincia La Altagracia. La denuncia surge tras la solicitud de prisión preventiva en su contra, derivada de una querella por difamación e injuria interpuesta por la empresa de combustibles Petromóvil S.A.
La Oficina Judicial de Atención Permanente de La Altagracia tiene programado para la mañana del 9 de marzo de 2026 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Ventura.
Durante una entrevista en el programa Panorama de la Mañana (FM 96.9), Ventura explicó que su «cruzada» inició en 2019 al cuestionar la calidad y el octanaje de los combustibles en el país. Según el comunicador, su defensa se basa en datos oficiales del propio Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
El origen de la controversia: El informe de los 594 millones
Ventura reveló que el Estado dominicano pagó 594 millones de pesos a la empresa internacional IBT SRL para realizar un estudio de calidad. El informe, que inicialmente el MICM se negó a entregar alegando que afectaba «intereses económicos de terceros», fue obtenido por Ventura mediante una sentencia judicial.
«Yo solo repito lo que dice el Ministerio. El informe oficial de la empresa que pagamos todos con nuestros impuestos indica que muchas estaciones no cumplen con los estándares de octanaje requeridos por la norma Nordom 476», afirmó Ventura mientras exhibía documentos físicos durante la entrevista.
Pruebas contra Petromóvil
El comunicador detalló que la querella de Petromóvil surge a raíz de un video donde él mencionaba que la empresa supuestamente impedía las inspecciones de los técnicos contratados por el Estado.
Atentados y amenazas
Ventura también relató el costo personal de sus denuncias, mencionando que ha sido víctima de secuestro y quema de su vehículo, así como de constantes ataques cibernéticos que han derribado su sitio web y redes sociales. «Este es un negocio que, según han dicho sectores sindicales, genera más dinero que el narcotráfico. No es un juego de muchachos», advirtió.
Incongruencia legal
El equipo legal y el propio Ventura cuestionaron que se solicite prisión preventiva por un delito de difamación, algo que consideran un intento de amedrentamiento y una violación a la libertad de expresión. Señalaron que el Ministerio Público está utilizando la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología para justificar la petición de cárcel, a pesar de que la información difundida proviene de fuentes públicas estatales.
«¿Cómo es posible que el Ministerio Público pida prisión por decir la verdad que el propio Ministerio de Industria y Comercio tiene documentada?», cuestionó Alfredo de la Cruz, integrante del panel de comunicadores, calificando la situación como una «barbarie».
El caso sigue bajo la lupa pública a la espera de la decisión del juez este lunes, lo que podría marcar un precedente sobre la fiscalización ciudadana y la libertad de prensa en la República Dominicana.
