El abogado Julio Núñez lanzó una alerta pública sobre una serie de actuaciones administrativas irregulares que presuntamente estarían ocurriendo en el Departamento de Extranjería de la Dirección General de Migración (DGM), las cuales amenazan la seguridad jurídica de familias e inversionistas extranjeros establecidos en el país.
Ante esta situación, el jurista solicitó la intervención urgente del presidente de la República, Luis Abinader, y del director general de Migración, el general Lee Ballester, para que dispongan una revisión institucional inmediata.
Según las denuncias recopiladas por Núñez y otros profesionales del derecho, múltiples ciudadanos extranjeros que cumplen con todos los requisitos de la normativa migratoria dominicana para obtener o renovar sus residencias, están enfrentando rechazos sin ninguna explicación jurídica clara. A esto se suman retrasos excesivos y un «silencio administrativo» ante los recursos formales interpuestos por los afectados.
Señalamientos al Departamento de Extranjería
El abogado explicó que la documentación analizada apunta a que estas decisiones estarían siendo adoptadas bajo la responsabilidad de Laura Mariñez, actual encargada del Departamento de Extranjería.
Se acusa a esta dependencia de disponer el rechazo de múltiples solicitudes de residencia sin ofrecer las motivaciones jurídicas que exige la ley, y de ignorar los requerimientos formales presentados por los representantes legales de los afectados.
Impacto económico y drama familiar
Esta crisis administrativa no solo representa un problema burocrático, sino que tiene profundas repercusiones humanas y económicas. Núñez detalló que las medidas están afectando a:
- Inversionistas y empresarios: Extranjeros que llevan años residiendo en el país, han creado empresas, generan empleos locales y apuestan por el desarrollo económico de la República Dominicana.
- Familias integradas: Casos delicados de núcleos familiares con hijos menores de edad que estudian en colegios y universidades locales, y que ya han desarrollado su proyecto de vida en la sociedad dominicana.
El jurista advirtió que la negativa a explicar jurídicamente estos rechazos choca de frente con la Constitución de la República y leyes fundamentales del país:
- Ley 107-13: Sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración, la cual exige que toda decisión pública esté debidamente motivada y fundamentada en derecho para garantizar la defensa del ciudadano.
- Ley 136-03: El Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que consagra el «interés superior del niño», obligando al Estado a velar por la estabilidad familiar en sus decisiones administrativas.
Un llamado a proteger el clima de inversión
Para finalizar, el abogado Julio Núñez advirtió que estas acciones generan un clima de incertidumbre que erosiona la confianza en la institucionalidad dominicana.
«La República Dominicana ha construido durante décadas una reputación internacional basada en la estabilidad, la seguridad jurídica y la confianza para la inversión extranjera, principios que deben ser preservados para proteger el desarrollo económico y social del país», concluyó el jurista en su llamado a las altas autoridades de la nación.
