En la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, celebra de forma presencial este martes, 10 de marzo, en Ciudad Guatemala, Guatemala, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, solicitaron que la instancia internacional gestione que el Gobierno dominicano inicie la ejecución del plan de cierre de las plantas de carbón existentes en el país.
Las organizaciones informaron que este plan de cierre de todas las plantas de carbón existentes en el territorio nacional fue acordado y suscrito el 15 de noviembre del año 2024, por el Gobierno dominicano, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y por el Fondo Internacional del Clima, CIF, en sus siglas en inglés.
A cambio de este acuerdo que contempla el cierre de Barahona Carbón para el 2027, las ITABOs en el 2028, y las dos unidades de Punta Catalina en el transcurso de la década del 2030, el Gobierno recibió US$150 millones de dólares para los estudios correspondientes.
Además el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se comprometió a contribuir con financiamiento para proyectos de energías renovables, a fin de reemplazar la electricidad generada por carbón que sea descontinuada.
“Los US$1,750 millones que el BID está actualmente financiando para dos super plantas de 860 megavatios a base de gas natural licuado en Manzanillo, provincia Montecristi, responde a este acuerdo, aunque se han desviado por presión del Gobierno dominicano hacia un proyecto que utiliza otro combustible fósil como es el gas natural”, señalaron.
Recordaron que el 6 de diciembre de 2023, el Estado dominicano se incorporó al Powering Past Alliance (PPCA) que es la asociación que lideran Reino Unido y Canadá para cerrar la extracción de carbón mineral y abandonar su uso para generar electricidad.
“Con esta incorporación a esta alianza la República Dominicana se comprometió a no construir una nueva planta de carbón en el país y abandonar de manera definitiva el uso de este combustible para generar electricidad”, aclararon.
Hoja de ruta vinculante
Comunicaron que la delegación dominicana integrada por Euren Cueva Medina y Jorge Lizardo Vélez, respectivamente director ejecutivo y vicepresidente de INSAPROMA, presentes en la audiencia de la Comisión Interaméricana de Derechos Humanos, CIDH, reclamó que las autoridades dominicanas establezcan un marco normativo específico que regule el cierre de Punta Catalina y las demás plantas, y prevenga nuevas vulneraciones de derechos humanos.
“Estamos exigiendo en la CIDH, a través de nuestros compañeros del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, que se adopte una norma jurídica interna con fuerza jurídica que establezca fechas, etapas y metas verificables para la salida progresiva del carbón antes de 2039, con indicadores de cumplimiento, mecanismos de rendición de cuentas y participación efectiva de la sociedad civil y las comunidades afectadas”, especificaron.
Igualmente, denunciaron en el cónclave internacional la oposición del Gobierno dominicano a constituir espacios de diálogo y participación, tanto para conocer y enfrentar los impactos negativos de Punta Catalina, como para definir el plan de cierre de todas las plantas de carbón.
Compensar a las comunidades por los daños del carbón
Las organizaciones reclaman que el cierre de las plantas de carbón debe estar acompañado de un régimen claro de responsabilidades y garantías financieras, así como la remediación, reparación integral e indemnización de los daños causados por el carbón en las comunidades donde han operado estas plantas.
También las entidades plantean que se debe fortalecer los estándares ambientales y armonizar la regulación nacional con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en calidad de aire, emisiones y manejo de cenizas, garantizando monitoreo independiente y acceso público a la información.
Explicaron que las organizaciones dominicanas participan en esta audiencia regional sobre la situación de los derechos humanos por la extracción de combustibles fósiles en América Latina y el Caribe, junto con un conjunto de organizaciones como la Nacionalidad Waorani del Ecuador, NAWE, la Plataforma La Guajira le Habla al País de Colombia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, las Comunidades de Tocopilla y la Asociación de Mujeres de la Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia de Chile.
La audiencia está conociendo también, los casos del cierre de la mina de carbón del Cerrejón, de la Guajira de Colombia, de donde proviene la mayor parte del carbón que se utiliza en República Dominicana, el proceso de cierre de las plantas de carbón de la zona de Quintero-Puchunavi de Chile, y del cierre de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía del Ecuador, en el territorio de la nacionalidad Waorani.
