La Asociación Dominicana de Centros Oncológicos, entidad que agrupa a ocho centros privados especializados del país, lanzó una contundente advertencia sobre los peligros de modificar la resolución 553-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Según la organización, la intención de centralizar las ventas y distribución de medicamentos de alto costo daría pie a un esquema de corrupción que podría envolver sumas superiores a los 300 millones de pesos.
A través de un comunicado oficial, la asociación empresarial expresó su profunda preocupación, señalando que el nuevo modelo no solo representa un riesgo financiero y de transparencia, sino que atenta directamente contra la vida de los pacientes con cáncer al sumar trabas burocráticas a un sistema ya complejo.
Impacto clínico: El peligro de interrumpir los tratamientos
La propuesta, impulsada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), busca canalizar de forma obligatoria estos fármacos a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC). Para los especialistas en oncología, esto complicaría el actual modelo de dispensación, generando riesgos críticos para la salud:
- Ruptura de la cadena de frío: Terapias modernas como la inmunoterapia y los anticuerpos monoclonales requieren un estricto control de temperatura. Una falla logística en su almacenamiento o transporte centralizado degradaría el medicamento, perdiendo su eficacia y aumentando los eventos adversos.
- Interrupción terapéutica: El tratamiento del cáncer depende de esquemas programados. Los retrasos en la entrega provocan la interrupción de los ciclos, lo que se traduce en la progresión de la enfermedad y afecta directamente la supervivencia del paciente.
- Barreras geográficas: Al concentrar la dispensación en solo dos ciudades, se castiga a los pacientes del interior del país, quienes deberán asumir mayores costos de traslado y enfrentar dificultades logísticas para mantener la continuidad de sus terapias.
Un sistema dividido y posibles violaciones legales
La asociación precisó que el problema de acceso abarca dos vertientes: los fármacos incluidos en el Plan de Servicios de Salud (PDSS), que los pacientes seguirían buscando en el Ministerio de Salud, y aquellos de alto precio aprobados por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), que tendrían que ser adquiridos directamente en el Programa de Alto Costo.
Finalmente, la entidad advirtió que la falta de acceso oportuno a tratamientos para enfermedades crónicas no transmisibles no solo tiene consecuencias irreversibles, sino que representa una violación directa al marco jurídico dominicano. Específicamente, vulneraría el derecho a la salud consagrado en la Constitución de la República, así como en la Ley General de Salud (42-01) y la Ley de Seguridad Social (87-01).
