En un desgarrador testimonio público, Cristian de Jesús López Cabreja, único sobreviviente de una masacre ocurrida en septiembre de 2023 en Dajabón, denunció ante las Exclusivas de José Peguero el grave estancamiento del proceso judicial contra la banda de delincuentes que asesinó a cuatro miembros de su familia, advirtiendo que los responsables se burlan del dolor de las víctimas frente a las propias autoridades.
A casi dos años y siete meses de la tragedia ocurrida en una finca de la comunidad Aminilla, municipio de Partido, López Cabreja asegura que, a pesar de la abundancia de pruebas, el sistema de justicia dominicano ha dilatado el caso, sumiendo a su familia en la impotencia y la revictimización.
La noche de la tragedia
En septiembre de 2023, una banda compuesta por tres hombres de nacionalidad haitiana irrumpió en la residencia familiar con fines de robo. Según el relato del sobreviviente, las víctimas fueron sorprendidas mientras dormían, por lo que no opusieron ningún tipo de resistencia.
Los atacantes ejecutaron a tiros a cuatro personas:
- Ramón Eugenio “Papito” Medina, de 60 años (padre).
- Carmelina Cabreja, de 49 años (madre).
- Daniel Medina, de 20 años (hermano).
- Un joven de 17 años, amigo de la familia y trabajador de la finca.
«No había manera de resistirnos porque nos sorprendieron durmiendo. Incluso a mi hermano le dispararon desde la cama, lo mataron así de la nada (…) A mí me dispararon en la cabeza, con orificio de entrada y salida. Quedé prácticamente muerto; estoy vivo por un milagro de Dios», relató Cristian López.
Antes de cometer los asesinatos, los atacantes confesaron a la familia que ellos mismos eran los responsables de otro asalto violento ocurrido un mes antes en la misma zona, el cual dejó un muerto y varios heridos.
Dilaciones, burlas y evidencias ignoradas
López Cabreja denunció que el proceso judicial ha sido un «relajo» y un calvario para su familia, quienes deben viajar constantemente desde Dajabón hacia los tribunales. Acusó directamente a la abogada de la Defensoría Pública asignada a los imputados, Joconda Solís, de utilizar tácticas dilatorias constantes para provocar reenvíos de las audiencias, especialmente cuando se acercan al juicio de fondo.
El sobreviviente enfatizó que las autoridades cuentan con pruebas irrefutables:
- Pertenencias de la familia ocupadas a los acusados al momento de su captura.
- Dispositivos móviles robados, que contienen fotografías de la familia asesinada.
- El arma de fuego legal propiedad del padre asesinado, incautada a los criminales.
A pesar de esto, denunció que los imputados gozan de un trato privilegiado. «El principal asesino, el que disparó, se nos ríe en la propia cara durante las audiencias», lamentó.
Intimidación policial
En uno de los momentos más tensos de su denuncia, López Cabreja reveló un grave incidente de intimidación por parte de las propias autoridades. Aseguró que, mientras su familia reclamaba justicia pacíficamente en la sede policial de la zona, un agente manipuló un arma de fuego con munición letal y les apuntó directamente, en un aparente intento de proteger a los detenidos y silenciar los reclamos de las víctimas.
Al borde de la desesperación y agotando su paciencia, la familia López Cabreja hace un llamado urgente a las más altas instancias del sistema judicial, incluyendo a la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, para que intervengan en este caso y eviten que la impunidad triunfe sobre una tragedia que enlutó a toda la zona fronteriza.
