La defensa técnica del comunicador Jefte Ventura, conformada por los abogados Yan Carlos Martínez Segura y Félix Humberto Portes Núñez, emitió un contundente comunicado rechazando las medidas de coerción dictadas contra su defendido por el Segundo Juzgado de la Instrucción de La Altagracia. Los juristas calificaron la decisión judicial como un «atentado grave» contra la libertad de expresión, de prensa y el libre tránsito en la República Dominicana.
La reacción surge luego de que la magistrada titular del tribunal impusiera una serie de restricciones al comunicador tras un conflicto legal con la empresa Petromovil S.A., a pesar de que el Ministerio Público había retirado su solicitud de prisión preventiva durante la audiencia.
Las medidas dictadas
Los abogados denunciaron que la jueza impuso, además de las medidas cautelares habituales, una restricción extrema dictada «de oficio» (sin que ninguna de las partes lo solicitara), violando el principio de justicia rogada. Las medidas impuestas incluyen:
- Impedimento de salida del país.
- Garantía económica de RD$1,000,000.00.
- Presentación periódica los días 30 de cada mes.
- Orden de alejamiento: Prohibición de acercarse a menos de 1,000 metros de cualquier estación de servicio de la marca Petromovil S.A. a nivel nacional.
La defensa catalogó esta última orden como «ampliamente irrazonable y desproporcionada», señalando que viola el derecho fundamental al libre tránsito, respaldándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia TC/0391/18) que garantiza el acceso de los ciudadanos a espacios privados de uso público, como las estaciones de combustible.
Evidencias del Ministerio de Industria y Comercio
Martínez Segura y Portes Núñez argumentaron que la resolución judicial ignora los hechos reales. Afirmaron que las denuncias realizadas por Ventura sobre la calidad de los combustibles están sustentadas en documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Según la defensa, el comunicador actuó ejerciendo un deber ciudadano al exponer certificaciones de incumplimientos en la calidad de los combustibles, así como el cierre de una estación de Petromovil y dos intimaciones por «denegaciones de inspección».
“Denunciar con evidencia oficial en mano no es un delito; es un derecho y un deber ciudadano. Si un ciudadano que denuncia con pruebas certificadas por la autoridad competente es judicialmente limitado y estigmatizado, se socava el Estado de Derecho”, advierte el documento de los abogados.
Apelación y convocatoria a protesta
El equipo legal confirmó que apelará la decisión de inmediato ante las instancias correspondientes. Asimismo, adelantaron que, una vez Jefte Ventura sea puesto en libertad en las próximas horas, no se retractará de sus declaraciones.
Por el contrario, el comunicador anunciará formalmente la convocatoria a una movilización nacional para exigir mayor transparencia en los costos de los hidrocarburos y sanciones contra las empresas que defrauden a la sociedad vendiendo combustibles que no cumplen con los estándares de calidad. Además, en los próximos días se harán públicos los documentos oficiales del MIC que avalan su denuncia.
Los juristas concluyeron haciendo un llamado a la sociedad dominicana a cerrar filas en apoyo al comunicador, advirtiendo que esta resolución representa una «censura indirecta» y un mensaje peligroso para cualquier ciudadano o periodista que decida fiscalizar servicios esenciales.
