El jurado popular declaró culpable, por unanimidad, a Joaquín Dotel M., miembro de la banda Dominican Don’t Play (DDP), acusado de idear y planear un ataque contra una banda rival en el que murió un joven en Fuenlabrada, España, durante una fiesta del artista Rochy RD en 2022.
El veredicto también consideró culpables a Kevin H.N. y Benji M.S., pero exoneró al cuarto acusado, Viorel G., al entender que no sabía que los menores que transportaba en una furgoneta cometerían un crimen. Viorel quedó en libertad inmediatamente tras la lectura del fallo.
Según fuentes jurídicas, Joaquín Dotel fue declarado culpable de pertenecer a una organización criminal y de planear el ataque mortal, por lo que la Fiscalía solicita prisión permanente revisable, al ser considerado autor intelectual y líder del grupo de Campamento de la banda.
Por su parte, Kevin H.N. fue declarado culpable de ser cómplice del autor intelectual y de pertenecer a la banda, mientras que Benji M.S. solo de integrar la organización. La Fiscalía había solicitado inicialmente prisión permanente revisable y 75 años de cárcel para Joaquín y Kevin por asesinato en el seno de una organización criminal y tres tentativas, además de 3 años y medio por tenencia ilícita de armas. Posteriormente, rebajó la pena de Kevin a 70 años, al considerar que no se pudo probar que fuera coautor intelectual. Para Benji, la pena solicitada es de 5 años de cárcel, mientras que Viorel G., inicialmente señalado por 53 años, quedó absuelto.
Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2022, cerca de la discoteca Cañabrava, durante un concierto de Rochy RD, cuando dos menores ya condenados tirotearon y apuñalaron a Sailer Huraldo M.R., de 21 años, quien supuestamentr pertenecía a la banda rival Trinitareos. La víctima era hijo del exalcalde Huraldo Mesa, del municipio de Tamayo, provincia Bahoruco.
Además de la víctima fatal, otros tres jóvenes resultaron heridos en el ataque, que fue planeado como represalia por una reyerta ocurrida días antes a la salida de otro concierto.
Durante el juicio, los acusados negaron los delitos que se les imputaban, mientras que sus defensas solicitaron la absolución, argumentando falta de pruebas sobre su implicación directa en el crimen.
El caso marca un precedente en España sobre la responsabilidad de los líderes de bandas juveniles que organizan crímenes a través de menores, mostrando cómo la justicia persigue tanto a los autores materiales como a los intelectuales de estos hechos violentos.
