La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética (Sodocipre) aseguró que la muerte de una mujer durante un procedimiento de liposucción en un centro estético de Santiago de los Caballeros no es un hecho aislado, sino parte de una problemática que el gremio ha venido denunciando de manera constante.
El caso ocurrió en la clínica estética Diosa, donde falleció Geraldín Hernández, de 32 años, mientras se le practicaba el procedimiento, según informaron sus familiares.
El presidente y el secretario de la entidad, Aniceto Rodríguez y Rafael Mirabal, calificaron el hecho como una “tragedia anunciada”, al reiterar las advertencias que han realizado sobre la práctica de cirugías estéticas en centros no autorizados.
Irregularidades en el centro intervenido
De acuerdo con Sodocipre, las informaciones preliminares indican que el procedimiento habría sido realizado en un establecimiento que no contaba con la habilitación correspondiente para llevar a cabo cirugías, y presuntamente por un profesional que no es cirujano plástico certificado.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública confirmó que el centro únicamente tenía permiso para ofrecer consultas médicas, no procedimientos quirúrgicos. Además, precisó que el establecimiento ya había sido clausurado anteriormente debido a irregularidades que representaban riesgos para los pacientes.
Sin embargo, pese a estas disposiciones, el lugar habría continuado realizando intervenciones estéticas, lo que motivó una nueva intervención de las autoridades sanitarias y su cierre total.
Llamado a reforzar controles
Ante esta situación, Sodocipre reiteró la necesidad de fortalecer la supervisión y regulación de los centros de estética en el país, así como de concienciar a la población sobre la importancia de acudir a profesionales debidamente certificados y a centros autorizados.
El gremio advirtió que la proliferación de clínicas ilegales y de procedimientos realizados sin las condiciones adecuadas representa un riesgo significativo para la salud y la vida de los pacientes.
Este caso ha generado preocupación en la sociedad dominicana, reavivando el debate sobre la seguridad en los procedimientos estéticos y la responsabilidad de las autoridades en la fiscalización de estos servicios.
