La procuradora de corte y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, reafirmó este lunes el compromiso inquebrantable del Ministerio Público contra la impunidad, asegurando que no se permitirán acciones que vulneren la ley, sin importar de dónde provengan.
Las declaraciones de Ortiz surgieron en el marco de la audiencia preliminar del caso que involucra a Hugo Beras y Jochi Gómez, momento que la prensa aprovechó para cuestionarla sobre el proceso abierto contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara.
El caso Valdez Alcántara
El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara, quien es imputado de haber recibido un soborno de 10,000 dólares por parte de una persona bajo investigación.
“Es un caso particular de una persona que no define para nada la actuación de hombres y mujeres que día con día se levantan a trabajar con vocación y esperanza de construir una mejor sociedad”, aclaró la titular de la Pepca.
Investigaciones bajo resguardo
Ante la preocupación sobre si el arresto de Valdez Alcántara afectaría los expedientes en los que este trabajaba, Ortiz fue enfática al señalar que las investigaciones no corren peligro.
- Trabajo en equipo: Los casos se manejan mediante «Fuerzas de Tarea» y grupos de fiscales.
- Continuidad: Todos los integrantes del equipo tienen el mismo dominio del expediente.
- Sin interrupciones: Los procesos judiciales siguen su curso normal sin depender de un solo individuo.
Un llamado a la acción ciudadana
Finalmente, la magistrada instó a la población dominicana a empoderarse y utilizar los canales de denuncia ante cualquier irregularidad detectada en la administración pública.
“Instamos a todo ciudadano que tenga conocimiento de un acto reñido con la ley, realizado por un funcionario público, sea en la institución que sea, que denuncie”, insistió Ortiz, subrayando que la colaboración ciudadana es la herramienta vital para erradicar la corrupción y proteger el patrimonio del Estado.
