El presidente Luis Abinader otorgó una pensión mensual de RD$90,000 a la exdirectora del Acuario Nacional, Wanda Altagracia García Rondón de Pimentel , quien fue destituida tras denuncias de nepotismo y manejo irregular de recursos públicos documentados en una investigación de N Investiga .
La medida está contenida en el decreto 45-26, emitido el 27 de enero, y se produce más de dos años después de su salida de la institución. García fue suspendida en noviembre de 2023 y posteriormente destituida en enero de 2024 mediante el decreto 20-24.
Las irregularidades salieron a la luz tras un reportaje de N Investiga , donde se evidencia que la exfuncionaria designó a su año, Vladimir Stalin Lugo Reyes , como asesor tecnológico del Acuario Nacional. Posteriormente, este fue vinculado a una empresa beneficiada con contratos dentro de la misma institución.
La investigación también documentó pagos irregulares, como la entrega de boletos de combustible por RD$499,100 a Lugo Reyes incluso después de haber salido del cargo. Asimismo, dos conserjes recibieron asignaciones de RD$160,500 y RD$113,500 , pese a no tener vehículos.
Otro de los hallazgos fue la adjudicación de contratos a empresas sin experiencia en los servicios requeridos. Entre ellos, una licitación por RD$1,033,680 otorgada a una empresa vinculada al entorno del exasesor, así como procesos adjudicados a compañías dedicadas a actividades no relacionadas, como proveedores de alimentos o negocios informales.
También se identificó la adjudicación de un contrato por RD$997,500 para la compra de 742 especies marinas, incluyendo tiburones, una empresa tipo food truck que no ejecutó el trabajo, así como contratos de mantenimiento y servicios realizados por terceros a menor costo del adjudicado.
Las denuncias de nepotismo y otras irregularidades ya habían sido advertidas desde 2022 por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que confirmaron la existencia de vínculos familiares dentro de la institución.
Tras la publicación del reportaje, el Poder Ejecutivo ordenó una investigación administrativa encabezada por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y la Digeig.
