La barra de abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre ha vuelto a la carga en el juicio de fondo, presentando una serie de evidencias que, según afirman, demuestran la fragilidad de la acusación presentada por la Procuraduría. Mediante un despacho periodístico, los juristas señalaron que el proceso está viciado por irregularidades en auditorías oficiales y contradicciones internas del órgano acusador.
Inconsistencias Financieras y Auditorías Omisas
La defensa cuestionó duramente la labor de los peritos del Ministerio Público, citando declaraciones dadas bajo juramento en audiencias públicas:
- Ingresos no contabilizados: Los abogados indicaron que la auditora Alexandra Chevalier Pérez admitió no haber solicitado información sobre múltiples fuentes de ingresos legítimos de Cáceres. Un peritaje ordenado por el tribunal estableció ingresos totales por RD$64 millones, cifra que el Ministerio Público habría ignorado en gran medida.
- Desglose de ingresos legítimos: Según documentos oficiales, el patrimonio de Cáceres incluye:
- RD$8.2M en viáticos por viajes al extranjero y RD$1.2M por viáticos internos.
- RD$24.7M por su cargo como Jefe del CUSEP y RD$4.5M por salario de rango en el Ejército.
- RD$2.3M por concepto de alquileres y RD$3.7M por intereses financieros.
- Dictamen del INACIF: El peritaje AF-002-2022 del INACIF refleja que el 98% de los ingresos percibidos corresponden a pagos de nómina, certificados de depósito e intereses.
El Caso de los «Empleados Fantasmas» y Bienes Inmuebles
La defensa también desglosó inconsistencias respecto al manejo operativo del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y la titularidad de bienes:
- Nóminas del CUSEP: La supervisora de la Cámara de Cuentas admitió que las personas señaladas como «empleados fantasmas» no figuraban en registros oficiales, sino en un listado del Ministerio Público, y que dichos individuos juraron nunca haber recibido fondos de la institución.
- Tasación de propiedades: Se denunció que el Ministerio Público tasó las propiedades a precios de mercado de 2022 en lugar de usar el costo al momento de la compra. Además, señalaron que la vivienda familiar y una casa en construcción siempre figuraron en las declaraciones juradas de Cáceres.
- La Iglesia Bautista Vida Eterna: El certificado de título del local de la iglesia le atribuye la titularidad a la entidad religiosa, no a Cáceres. Testigos del propio Ministerio Público aseguraron que la participación del general se limitó únicamente a la gestión del préstamo inicial.
Seguridad Nacional y Fondos de Inteligencia
Uno de los puntos más críticos señalados por la defensa es el manejo de los fondos de inteligencia. Los abogados presentaron certificaciones de la Contraloría y la Dirección General de Presupuesto que establecen la imposibilidad legal de suministrar registros detallados sobre estos fondos debido a su naturaleza de seguridad nacional. A pesar de esto, el Ministerio Público mantuvo la imputación por irregularidades en este renglón.
«Estas inconsistencias demuestran que la acusación carece de coherencia interna y está sustentada en omisiones, errores y contradicciones que deben ser valoradas por el tribunal», concluyó la defensa.
El proceso continúa desarrollándose en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se espera que los jueces evalúen la solidez de estas pruebas frente al expediente presentado por la Procuraduría.
